La Abogacía del Estado ve imposible revisar los 170.000 expedientes de la ley de nietos este año
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Si no se han revisado para el 1 de enero, cuando cierra el censo electoral para las autonómicas del año que viene, se cercenará el derecho de sufragio a «españoles de pleno derecho», advierte el servicio jurídico del Estado
23 sep 2026 . Actualizado a las 14:04 h.«Resulta materialmente imposible» revisar casi 170.000 expedientes antes de final de año, advirtió este martes la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo. Se refería al papeleo relacionado con los nacionalizados por la ley de nietos, cuyo derecho a voto fue suspendido cautelarmente por la Sala Tercera de la corte a principios de este mes.
En ese sentido, el órgano encargado de defender jurídicamente al Gobierno presentó un recurso contra el dictamen del alto tribunal; una decisión que se mantendrá hasta que los consulados acrediten que esos nacionalizados —residentes en el extranjero— son, como alegan, hijos o nietos de exiliados españoles.
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De los 408.262 nuevos electores que calculó el Supremo (la Abogacía los reduce a 369.017), 168.896 accedieron a la nacionalidad por la instrucción del Ministerio de Justicia que permitía «presumir» la condición de exiliado a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Son casi 170.000 expedientes «imposibles» de revisar antes del próximo 1 de enero, que es cuando se cierra el censo electoral para las autonómicas del año que viene.
Si en esa fecha, añade el servicio jurídico del Estado, no se han certificado todos los documentos, «existirán españoles de pleno derecho a los que, sin tacha alguna de ilegalidad por este tribunal, se está cercenando el derecho de sufragio».
La Abogacía arremete en su escrito contra el «exceso» que supone la decisión del Supremo, porque «entra a valorar una instrucción que no ha sido aquí recurrida», que «hace mucho tiempo que es firme» y que conlleva «una anticipación del fondo del asunto». Porque, recuerda el órgano, Iustitia Europa y Vox no recurrieron la instrucción del Ministerio de Justicia (del 2022), sino la respuesta que la Junta Electoral Central (JEC) dio el pasado julio a «formaciones políticas, personas y entidades» que cuestionaban el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos: contestó que la decisión iba más allá de sus competencias.
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Una influencia «ínfima»
El Supremo vio «un peligro real de afectar gravemente a la objetividad y transparencia» de las elecciones, por el «incremento extraordinario» en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La Abogacía, sin embargo, respondió que las 168.896 inscripciones equivalen solo al 0,44 % de los electores. «La influencia es, como se aprecia, ínfima», subrayó el órgano legal.