Isabel Rodríguez, de alcaldesa de Puertollano a ariete en el principal problema de los españoles
ACTUALIDAD
La ministra de Vivienda defiende hoy en el pleno del Congreso unas medidas abocadas al fracaso
02 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Tres viviendas, dos plazas de garaje y dos trasteros; todos en Ciudad Real. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez García (Abenójar, 1981) es una pequeña propietaria. Según su declaración de bienes de hace tres años, le concedieron tres préstamos hipotecarios e ingresaba en esa fecha 5.130 euros anuales en concepto de alquiler. También es rentista.
Su cartera, con un presupuesto de 3.484 millones para planificación estatal —ya que la ejecución y gestión son competencias exclusivas de las comunidades autónomas—, es hoy diana de todas las críticas cuando la crisis habitacional es el primer problema en España, según el último barómetro del CIS, y en Galicia, según Sondaxe; y el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid ha lanzado a las calles a miles de ciudadanos que reclaman su derecho constitucional a «disfrutar de una vivienda digna y adecuada», recogido en el artículo 47 que medio siglo después de ser redactado sigue siendo un brindis al sol.
La función social de la vivienda
Rodríguez, que hoy defenderá en el pleno extraordinario del Congreso el primero de los dos reales decretos leyes con los que el Gobierno de coalición quiere implantar medidas de urgencia y que serán sometidos a votación, que precisamente decaerán, lamentó ayer, pese a ser multipropietaria, que la vivienda «haya dejado y haya perdido su función social para convertirse en un activo financiero, y que eso afecte al libre mercado». El segundo de los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, y con menos posibilidades de ser convalidado, al incluir la renovación automática de los contratos de alquiler, le corresponderá al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de Sumar.
La formación magenta siempre ha sido crítica con la gestión de la ministra. Hace dos años, su portavoz adjunta Aina Vidal calificó de «insulto a la inteligencia» las palabras de Rodríguez, quien en una entrevista en la cadena Ser había apelado a la «solidaridad» de los dueños de los pisos: «Creo que España es un país solidario y el parque de vivienda en alquiler en su mayor parte pertenece a propietarios particulares. Yo lo que les pido es que se hagan cargo de esta causa. Pido que se hagan cargo de esta necesidad social y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales».
Los socios del Ejecutivo también han censurado sin miramientos la creación de la empresa pública Casa 47, adscrita al ministerio, cuyo objetivo es ampliar la oferta inmobiliaria asequible. Con 800 pisos ofertados en su página web, la intención era que en breve pasaran a ser 1.500 para todo el territorio nacional. Una «tomadura de pelo», según Podemos, y una iniciativa que no aporta «demasiado» para solucionar el problema, en opinión de Sumar. De hecho, el PP defenderá la próxima semana en el Congreso una solicitud para que el Tribunal de Cuentas haga una fiscalización especial de esta entidad, que según la ministra expropió 40.000 viviendas y 2.500 suelos de la Sareb que darán lugar a otras 20.000 casas para ponerlas a disposición del parque público.
La senadora más joven
Afiliada a las Juventudes Socialistas, Rodríguez se licenció en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2004, fecha en la que con solo 22 años obtuvo un escaño en la Cámara Alta por Ciudad Real y se convirtió en la senadora más joven de la historia de la democracia.
Fue alcaldesa de Puertollano del 2019 al 2021, cuando saltó a la política nacional a lo grande y por partida doble: como portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial. Un año más tarde, dio uno de sus primeros traspiés al proponer que los informativos reservaran un espacio fijo para difundir los acuerdos del Consejo de Ministros. Ya en el 2024, el Tribunal Supremo confirmó dos multas por un total de 4.700 euros que le había impuesto la Junta Electoral Central por no respetar la neutralidad durante la campaña en su papel de portavoz de la Moncloa.
Casada y con dos hijos, la ciudadrealeña, habituada a advertir a los presidentes regionales del PP de que les retirará la financiación si no topan los precios del alquiler en las zonas tensionadas, llegó a la alta política —aseguran analistas cercanos al PSOE— para hacer contrapeso al siempre crítico Emiliano García-Page, el último barón socialista que gobierna con mayoría absoluta. El reto era arduo.