El PSOE lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático atribuido a Ayuso
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Según los socialistas madrileños, en la documentación aportada por la Comunidad de Madrid no hay un acuerdo específico sobre la operación, ni un expediente de necesidad previo, ni uno específico de control presupuestario o fiscalización de la adquisición
01 oct 2026 . Actualizado a las 18:01 h.El PSOE reclamó este jueves al Tribunal de Cuentas que investigue la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones de euros en Chamberí al advertir indicios de un presunto «perjuicio patrimonial». La formación pidió al órgano fiscalizador, entre otras cuestiones, que identifique quién impulsó la operación y con qué «necesidad concreta».
Así lo indicó en la denuncia presentada, en la que también solicitó esclarecer cómo se fraguó la operación, desde si hubo un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid —la empresa pública que gestiona el patrimonio inmobiliario del Gobierno regional— para aprobar la selección, el precio, las arras y la inversión; así como qué controles presupuestarios, técnicos o jurídicos eran exigibles y si se activaron.
El objetivo es que las «opacas maniobras» para «comprarse un aticazo» no queden «impunes», como afirmó la portavoz del partido en la Asamblea, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a Europa Press. «Que averigüe todos los tejemanejes de este chanchullo, porque frente a la dignidad de Maricarmen y de quienes están luchando por el derecho a una vivienda, Madrid no merece la indignidad de una presidenta que puso a bailar a toda la comunidad para comprarse un casoplón», sentenció la diputada socialista.
En el cuerpo de la denuncia, el PSOE de Madrid trasladó al Tribunal de Cuentas que en la información aportada por la comunidad sobre la compra del ático —después de la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín— no figuran un acuerdo específico de Planifica Madrid relativo a la compra, ni un expediente de necesidad previo, ni uno específico de control presupuestario o fiscalización de la adquisición.
Cronología y documentación
Junto a esta situación, los socialistas compartieron una cronología de los distintos pasos documentados desde el acuerdo de confidencialidad del 3 de febrero del 2026 —cuando se empezó a gestar la compra del ático— hasta el 15 de septiembre, cuando se formalizó el fin del alquiler del espacio (la comunidad se lo arrendaba a Planifica Madrid).
Para el resto no identificado —desde la autorización de la señal a la del desembolso del coste a la decisión de iniciar las negociaciones— pidieron que se investigue y se conozca a la persona que propuso dar el paso, a la que lo autorizó y a la pagadora, así como la fecha, la cuenta bancaria y el órgano que recibió la información.
El PSOE madrileño también puso el foco en que no se ha presentado ningún documento en el que se explicite la «necesidad concreta» que justificó la decisión de compra antes del 27 de febrero, y señalaron que «la confección de una memoria de necesidad, con fecha del 2 de julio del 2026, posterior a la consumación de la compra», implicaría que se buscó dar «cobertura retrospectiva» a este desembolso.
Asimismo, cuestionó que en la documentación aportada no haya acuerdos específicos de Planifica Madrid que den luz verde a los distintos movimientos. Sobre esta entidad piden «la partida o previsión de capital imputada, el estado de flujos de efectivo, la previsión de tesorería, las modificaciones presupuestarias, las autorizaciones de Hacienda o de la Consejería de adscripción, los documentos de autorización y ordenación de pagos y los asientos contables completos».
Los socialistas también pusieron el foco en que en la documentación aportada no consta búsqueda de otros inmuebles ni consulta de mercado, al tiempo que apuntaron que la tasación independiente del 13 de febrero fijó un valor 57.115 euros más bajo que el pagado sin incluir impuestos.
«La tasación formuló advertencias acerca de discrepancias entre superficies registrales y comprobadas [los metros cuadrados que constan oficialmente en el Registro de la Propiedad no coinciden con los medidos]; de la existencia de parte de la terraza cerrada o acondicionada sin reflejo registral; de la falta de estatutos o certificación de la comunidad que permitieran conocer determinadas restricciones; y de la ausencia, en aquel momento, del certificado de eficiencia energética», recapituló el partido.
Sostuvieron los socialistas que se habría decidido y comprometido la compra sin la información o controles exigibles y pidieron que se cuantifique en cuánto «perjuicio» se incurrió tras la «utilidad obtenida» hasta que se volvió a poner en venta.