Blindaje del escudo antidesahucios, pero sin coste económico para el propietario

Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien compareció para presentar las modificaciones en los reales-decretos ley de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó ayer para su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, donde la aritmética favorece al Ejecutivo, al menos para uno de los dos. El nuevo paquete mantiene el escudo antidesahucios, los 10.000 millones en créditos —pese a la falta de presupuestos de la legislatura— para financiar la compra de vivienda con hasta 50.000 euros por familia, sin intereses ni límite de edad, o la regulación de la oferta de temporada. Según Sánchez, son 21 medidas orientadas a facilitar el acceso al alquiler, pero con modificaciones de calado como la eliminación del tope del 2 % a la subida de los arrendamientos que se prorroguen de aquí a finales del 2028. El Gobierno también renuncia a la renovación automática e indefinida de los contratos de arrendamiento, que pasa a una extensión anual de los alquileres que venzan antes de ese período a petición del inquilino e incorpora ayudas a la construcción y e incentivos fiscales a los propietarios. El PNV que tiene la clave para que pasen los decretos, confirmó, finalmente, que ratificará solo el primero, mientras Sánchez lamentó la falta de mayoría parlamentaria para un segundo texto «más ambicioso». Calificó las medidas de «razonables y necesarias» porque «unen a propietarios e inquilinos y ponen pie en pared a los fondos buitre».

¿Y cómo han cambiado los decretos? El presidente del Ejecutivo resumió cuatro líneas de actuación para facilitar el acceso a un alquiler asequible o compra; crear más oferta; dar estabilidad legal y combatir la especulación.

desahucios

Coste para la Administración. Aunque se mantienen las medidas para evitar los lanzamientos de personas vulnerables hasta el 31 de diciembre del 2030, se determina que la Administración asuma el pago de las posibles costas procesales e intereses moratorios derivados de la suspensión temporal del desahucio para dar seguridad jurídica a los propietarios y no repercutirles la paralización.

Fondos buitre

Definición y limites. Otra novedad es la definición legal de «fondo buitre» para fijar trabas directas a la adquisición de vivienda a precios de saldo. El anterior decreto usaba término como «gran tenedor» y ya consideraba especulativas operaciones pactadas por debajo del 70 % del de mercado. El nuevo incluye restricciones hasta el 2030 para compras con descuentos superiores al 30 % del valor de tasación. Las medidas a validar también vinculan los beneficios fiscales de las socimis —sociedades de inversión inmobiliaria con un régimen fiscal especial que puede llegar al 0 % — a la oferta de alquiler asequible.

Subidas

Sin tope del 2 %. La subida anual en la prórroga de contratos vuelve a la legislación general, es decir, se elimina el tope fijo extraordinario del 2 % en caso de que las partes no llegasen a acuerdo. El alza quedará supeditada al IPC para los contratos anteriores a la Ley de Vivienda y al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) para los firmados tras la publicación de esa norma, y se aplicarán las restricciones de las zonas tensionadas si la renta excede el índice.

Prórroga

A solicitud del inquilino. Los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre del 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años por períodos anuales, como ya preveían los decretos no convalidados por el Congreso el pasado viernes. También se mantiene en el segundo decreto la renovación automática e indefinida de todos los contratos de alquiler, con independencia de su fecha de vencimiento, aunque esta disposición, al contrario de lo que se aprobó la semana pasada, no entrará en vigor con la publicación en el BOE y decaerá si no la convalida la diputación permanente, para no generar inseguridad jurídica en caso de que no llegue a ratificarse. Se mantienen igualmente el preaviso de seis meses si el propietario quiere rescindir un contrato y la indemnización de doce mensualidades en caso de que no se justifique la renovación, medidas todas que contempla el segundo decreto ley y que previsiblemente no llegarán a entrar en vigor de nuevo —el pasado viernes lo estuvieron durante unas horas hasta que el Congreso derogó el texto legal—.

parque público

Ampliación. Los decretos contemplan fortalecer el parque de la empresa pública de vivienda y suelo (Sepes), Casa 47, con «miles de inmuebles» titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que se destinarían a vivienda. Estos activos, se suman a los 22 proyectos con 1.629 viviendas de nueva planta con cargo a los recursos extraordinarios —260 millones de euros— movilizados en junio. Además, se garantizará la estabilidad de los contratos, que podrán llegar a 75 años.

Alquiler de temporada

Desincentivos. En España hay registradas más de 341. 000 viviendas de uso turístico (VUT), casi 17.400 en Galicia. El Gobierno mantiene la regulación sobre el alquiler de temporada y por habitaciones para garantizar que tribute como un negocio, evitando asimetrías con el sector turístico. El Ministerio de Vivienda estima que, en España, entre el 15 y el 30 % de la oferta carece de licencia o número de registro. Además de un mayor control del fraude y de la duración de las estancias que fijaban las normas anteriores, introduce un 10 % de IVA al alquiler vacacional y a las estancias de 30 noches o menos en inmuebles que no sean residencia habitual para evitar asimetrías con las obligaciones fiscales del sector turístico.

fiscalidad

Ventajas a propietarios e inquilinos. El alquiler tendrá desgravación, de aprobarse los reales-decretos, para inquilinos y propietarios. En el primer caso, se introduce una deducción estatal en el IRPF del 10 % sobre las cuotas de la renta residencial para familias con inferiores a 33.007,20 euros anuales. Para un arrendamiento medio de 800 euros mensuales, supone una bonificación de 1.000 euros al año. En el segundo caso, se recoge un incentivo fiscal por arrendar a precio asequible, que puede llegar al 100 % del ingreso percibido por el casero.

construcción

Avales a la edificación. Sánchez anunció una dotación de 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada de vivienda— precisamente visitó en O Grove una empresa del ramo— y de 480 millones para proveedores de vivienda social. Y recupera las ventajas tributarias para la promoción social.

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