El Supremo anula el decreto que endurecía los criterios para crear universidades privadas
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Los magistrados estiman un recurso de Baleares y concluyen que el acuerdo de la tramitación urgente no está debidamente justificado. El Gobierno ya está trabajando en una nueva norma «para evitar que la universidad se convierta en un negocio»
08 oct 2026 . Actualizado a las 17:59 h.El Tribunal Supremo ha anulado el decreto del Gobierno que endurecía los criterios para la creación y autorización de nuevas universidades y con el que pretendía evitar que proliferaran centros privados de enseñanza superior que no cumpliesen con los requisitos de excelencia. El Consejo de Ministros dio luz verde en abril del año pasado al texto con la intención de que entrase en vigor lo antes posible, repercutiendo la nueva normativa en los expedientes que entonces se encontraban en trámite en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal echa abajo la norma que tenía como objetivo, según aseguraron desde el Ejecutivo, terminar con los «chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a la educación superior». Lo hace al estimar un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente. Los magistrados concluyen que la forma de sacar adelante la nueva normativa no está debidamente justificada «y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido».
Para el Supremo, la cuestión está en si el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de abril del 2025, que decide la tramitación urgente del proyecto presentado, expone y justifica las circunstancias extraordinarias que exijan la aprobación urgente de la norma y la omisión del trámite de consulta pública. Los magistrados señalan que «el único elemento que se emplea para la justificación [la aprobación de la reforma para que pudiera estar en vigor en el curso académico 2025/26] es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente».
La explicación que alega el acuerdo del Consejo de Ministros «no permite considerar que las circunstancias que enumera puedan entenderse como extraordinarias o imprevisibles». «No son otra cosa que circunstancias que el titular de la potestad reglamentaria presenta como la causa necesaria para realizar las reformas que considera oportunas ante la evolución del sistema universitario, pero que no pueden justificar una declaración de urgencia que tiene como efecto legalmente previsto la omisión del trámite de consulta pública», explican desde la sala.
El alto tribunal no cuestiona las nuevas exigencias para crear universidades, sino la forma en la que el Gobierno aprobó el real decreto. Uno de los requisitos planteados por el Ejecutivo se centraba en el número de estudiantes que deben tener los centros, de un mínimo de 4.500 alumnos durante cinco años. Los promotores de las universidades también tenían que cumplir durante los tres primeros años de funcionamiento exigencias relacionadas con la investigación, la experiencia de los profesores o la creación de plazas residenciales para los estudiantes. Criterios que hacían casi inviables otras universidades privadas en Galicia.
Los cambios afectaban a las universidades presenciales creadas desde el 2022, que tenían cinco años para ajustarse a la normativa. El Gobierno justificaba estos requisitos para «garantizar la calidad de los centros». Tampoco limitaban la aparición de universidades privadas «constitucionalmente reconocidas», según precisaron desde el ministerio que dirige Diana Morant, sino que asegurarán que las nuevas propuestas cuenten con un programa docente e investigador «con la calidad suficiente y homologable al que ha caracterizado hasta el momento el sistema universitario español».
Fuentes del ministerio contestaron que respetan pero no comparten la decisión del Tribunal Supremo y que ya están trabajando en una nueva norma para poder aprobarla «lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas». Insisten en que la necesidad de este real decreto «sigue siendo clara y urgente» y recuerdan que España está «muy cerca» de tener tantas universidades privadas como públicas, ya que el sistema cuenta con 50 universidades públicas frente a las 49 privadas.
Desde el Gobierno aseguran que el real decreto fue tramitado con todas las garantías. Defienden que el Consejo de Estado avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y con ello poder prescindir del trámite de consulta previa, fase previa a la elaboración del propio texto.
Pedro Sánchez: «No nos cruzamos de brazos»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó al fallo del Supremo asegurando que lo acatan, pero que no se cruzan «de brazos» y ya están trabajando «en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio». En una publicación en su perfil de X, Sánchez afirmó que la universidad pública está bajo asedio y que la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad del sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. «La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes», señaló.
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) salió en defensa del decreto del Gobierno asegurando que el Supremo anula la norma por «una cuestión de forma, no de fondo», insistiendo en que se debe mantener la calidad del sistema universitario. «Cualquier iniciativa normativa orientada a reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad del sistema universitario es positiva, si contribuye a garantizar que todas las instituciones, con independencia de su titularidad, cumplan los mismos estándares de excelencia académica, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social», incide en un comunicado.
Desde la Xunta afirman que esta norma «é un exemplo máis do socialismo educativo, cargado de ideoloxía», que demuestra «unha vez máis a maneira tramposa que ten este Goberno de querer tramitar e aprobar normativas pola porta de atrás». Señalan que el proyecto ya contaba «co rexeitamento doutras comunidades autónomas e coas consideracións do Consello de Estado», que según el Gobierno gallego advertía de la existencia de «artigos inconstitucionais que podían afectar dereitos básicos, como o acceso á educación».
Los requisitos que limitaban la aprobación de expedientes
El último real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios se aprobó en el año 2021, con Manuel Castells al frente del departamento. La nueva normativa se centraba en los ámbitos académico y financiero. Tras las quejas presentadas por los rectores de las entidades públicas por falta de financiación y la puesta en funcionamiento de centros privados de dudosa calidad, el Ejecutivo pretendía frenar así el avance de algunos proyectos que no han pasado el filtro de la Conferencia General de Política Universitaria o de las agencias autonómicas que emiten los informes.
Informes. Los nuevos proyectos de universidades deberán presentar un informe de evaluación elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o las agencias autonómicas equivalentes, además de otro documento de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.
Número de estudiantes. Se exigirán mínimo 4.500 alumnos durante los primeros cinco años.
Programas de doctorado. Será obligatorio que cuenten con tres programas de doctorado. Hasta ahora se pedían dos.
Ramas de conocimiento. Será preciso que en la oferta de grados, máster y doctorado estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.
Las universidades virtuales. Los centros que impartan más del 80 % de su docencia en modalidad virtual serán considerados universidades de especiales características, al tener como ámbito territorial de actuación todo el Estado. Solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales.
Alojamiento. Las universidades se comprometen a disponer de una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10 % de las plazas de alumnos ofrecidas.
Solvencia económica. Se refuerzan las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario u otro instrumento legal similar que demuestre la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
Gestión universitaria. Se pedirá experiencia en gestión universitaria a sus promotores.
Investigación. Además de la exigencia establecida en la anterior normativa del 2021 de destinar el 5 % del presupuesto anual de la universidad a investigación, se añade el requisito de obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes al 2 % del presupuesto anual de la universidad.