Tanto la Fiscalía como el Gobierno son partidarios de levantar la suspensión y permitir votar a todos los españoles en el extranjero
11 oct 2026 . Actualizado a las 09:37 h.El adelanto electoral provocó que el Tribunal Supremo acelere los trámites para decidir qué hacer con la suspensión cautelar que acordó sobre la llamada ley de nietos, que paralizó el voto para los nacionalizados a través de esa vía. Ese mismo lunes, el partido Iustitia Europa, una de las organizaciones que denunciaron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que la norma podía alterar el censo electoral, presentó un escrito pidiendo que tome medidas para «garantizar» que la suspensión cautelar sea aplicada en las elecciones del 29N. En ese escrito, Iustitia Europa advertía de que el censo de referencia es «el cerrado a 1 de agosto del 2026», antes de la suspensión cautelar. Vox, la otra recurrente, hizo lo propio horas después.
Una vez que Sánchez convocó elecciones, el alto tribunal concedió el martes un plazo «improrrogable» de dos días a las partes para que pudieran presentar alegaciones sobre la ley de nietos para acelerar su decisión con estas nuevas circunstancias.
Tanto la Fiscalía como el Gobierno son partidarios de levantar la suspensión y permitir votar a todos los españoles en el extranjero. En sus alegaciones, el Ejecutivo consideró «materialmente imposible» que antes del 29 de noviembre se pueda diferenciar entre los nacionalizados por la ley de nietos y quienes lo fueron por otros motivos, por lo que solicitó al Supremo que levante la suspensión cautelar.
«O se suspende a todos los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone», expuso. Y añadió que «ya no es posible discernir en el CERA» en los «breves plazos» que configura la ley electoral entre los inscritos que adquirieron la nacionalidad por la ley de nietos y «aquellos que son españoles por otros motivos». Iustitia Europa recogió estas palabras y solicitó el viernes paralizar las elecciones.
Esta norma es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el 2022, que permite que puedan optar a adquirir la nacionalidad española descendientes de exiliados. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó de que se han recibido más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales se han aprobado 571.761. En total, se han practicado 333.696 inscripciones en oficinas consulares. Estos datos fueron esenciales para la decisión del Supremo. Los magistrados enfatizaron «la magnitud de las cifras de incremento del CERA ofrecidas, la afectación al derecho de sufragio y al resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente».