La Audiencia Nacional arranca esta semana el juicio a Ignacio González por adjudicaciones del campo de golf del Canal de Isabel II
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Anticorrupción solicita penas para todos los acusados de seis años de prisión por cohecho y cooperación de este delito, así como una multa de 550.000 euros
12 oct 2026 . Actualizado a las 13:26 h.La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este martes al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, junto a otras cuatro personas, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.
En este proceso, correspondiente a la pieza 2 del caso Lezo, están acusados, además de González, el director gerente de Canal de Isabel II entre el 2003 y el 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid.
Para todos los acusados, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros
Los hechos se remontan al 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, para lo que convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Beneficio familiar
En junio del 2004, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, «con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación», según Anticorrupción.
«Guiados por dicho fin convinieron con Dragados que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad el contrato modificado, imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería», conocida comercialmente como TCT, cuyos socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González.
Los familiares del expresidente madrileño ocultaron su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid, según Anticorrupción.
La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio del 2006, tras la intervención de Ignacio González e Ildefonso de Miguel.
Así, «la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con 2 ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euro financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones», indica la Fiscalía.
Tres millones por los trabajos
El 15 de junio del 2006, antes de que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos aduciendo que en un concurso había sido la oferta más ventajosa.
Según el escrito del Ministerio Público, los socios de TCT habían acordado reservadamente con los responsables de Dragados «incrementar en un 47 % el importe a cobrar». El 15 de junio del 2006 Dragados firmó con TCT ese contrato por importe de 160.204,79 euros, cuyo objeto era la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf.
Este objeto se amplió después con cuatro anexos de fechas 10 de agosto, 15 y 24 de noviembre del 2006 y 14 de febrero de 2007 por importes respectivos de 2.292.232,82, 298.830,24, 286.270,58 y 30.326,40 euros. Así, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
La Fiscalía indica que TCT se fundó en mayo del 2003 con la razón social de trabajos de ingeniería, y que no fue hasta 2008 cuando incluyó la realización de proyectos deportivos. «Sin embargo, la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado», apunta.
Dado que los encausados eran incapaces de ejecutar esos trabajos deportivos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, y acordaron con ellas percibir una comisión del 8% por su intermediación.