Los populares piden a Bruselas que se pronuncie sobre el acoso a la jueza Biedma
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«Europa no puede mirar hacia otro lado en un caso como este», expresa la eurodiputada Dolors Montserrat, en referencia a los seguimientos y amenazas que la red de Leire Díez habría organizado alrededor de la magistrada que condenó a David Sánchez
12 oct 2026 . Actualizado a las 22:00 h.La eurodiputada del PP Dolors Montserrat, vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, preguntó a la Comisión Europea sobre las «graves intimidaciones e interferencias» denunciadas por la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y reclamó a la Comisión que actúe para proteger a la jueza.
La solicitud de Montserrat llega después de que la magistrada haya comparecido ante la Audiencia Nacional y haya denunciado haber sido víctima de intimidaciones y maniobras dirigidas contra ella y su familia mientras investigaba la causa contra Sánchez por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, cuya condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa se confirmó finalmente.
La eurodiputada del PP aseguró que un informe de la UCO incorporado a la investigación recoge testimonios sobre seguimientos a Biedma y sobre contactos con personas vinculadas al narcotráfico en los que se habría planteado la posibilidad de eliminar a la magistrada.
«Europa no puede mirar hacia otro lado en un caso como este: una jueza denuncia haber sido intimidada por ejercer su función y cuando los investigadores de las causas que dirige denuncian presiones. La independencia judicial no es elegible según a quién afecta. Es uno de los pilares del Estado de derecho europeo», señaló Montserrat.
Por ello, reclamó a la Comisión que determine si unos hechos de esta naturaleza serían compatibles con los artículos 2 y 19 del Tratado de la UE y con las garantías europeas de independencia judicial para los Estados miembros. Montserrat pregunta, asimismo, qué garantías exige el derecho de la Unión frente a las «presiones» sobre investigadores que trabajan en causas que afectan a personas vinculadas al poder político.