El expresidente madrileño se enfrenta a seis años de prisión por cohecho
13 oct 2026 . Actualizado a las 19:19 h.Ignacio González, el que fue presidente de la Comunidad de Madrid por el PP entre septiembre del 2012 hasta junio del 2015, tiró de manual en el inicio de la vista por el caso Lezo y negó tener ningún tipo de relación con presuntos amaños en la adjudicación de contratos vinculados al Canal Isabel II. En la primera jornada del juicio, en el que las partes plantearon las cuestiones previas, González y los otros cuatro acusados, el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel; y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid, siguieron las misma estrategia y lo negaron todo. Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros.
Los hechos se remontan al 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, para lo que convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito de la infraestructura, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público a las que tuvo acceso Europa Press.
Dos años más tarde, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, «con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación», según Anticorrupción.
En las cuestiones previas, la defensa conjunta del hermano y el cuñado de González solicitaron «la expulsión de la causa de la representación del Ayuntamiento de Madrid», argumentando que, aunque está personada como acusación particular, «no tiene ningún perjuicio acreditado ni alegado». Sin embargo, el tribunal desestimó la falta de legitimación del Ayuntamiento por las «propias alegaciones» de la institución, que subrayó que «se encuentra integrado en la estructura societaria del Canal de Isabel II, de forma que un eventual perjuicio económico ocasionado a esta repercute necesariamente en los intereses» del consistorio madrileño.
La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, criticó que el caso se dirima más de 20 años después de producirse los hechos: «Los tiempos de la Justicia son muy caprichosos», concluyó.