Dos disidentes de la izquierda abertzale llevaban teléfonos vía satélite y manuales sobre actos violentos en su detención
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El magistrado de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de ambos, acusados de terrorismo
21 oct 2026 . Actualizado a las 13:09 h.El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó ayer la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos jóvenes detenidos el sábado tras presentarse en la comisaría de la Ertzaintza de Irún acusados de delitos de terrorismo. El magistrado les vincula al colectivo Jardun, donde se agrupan los disidentes de la izquierda abertzale opuestos al fin de la violencia. En su poder se han encontrado datos personales de policías destinados en Euskadi, dos teléfonos satelitales encriptados para no ser localizados, así como fotografías «de entrenamiento para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública». Además, en su vehículo se hallaron planos de situación de zulos de ETA, el contenido del móvil de un policía nacional y listados de guardias civiles, según El Correo.
Los dos jóvenes, identificados como Malen Grunig y Aratz Bilbao, habían sido interceptados en un control de alcoholemia en Eskoriatza (Guipúzcoa) el pasado 26 de septiembre. Los dos detenidos viajaban en un coche junto a un ciudadano de origen irlandés relacionado con grupos de disidentes del IRA que ha visitado Euskadi en otras ocasiones durante los últimos años. Sobre Grunig pesaba un señalamiento Schengen de Italia instando a un control discreto por razones de seguridad nacional y sobre Bilbao otro señalamiento en Francia. El ciudadano irlandés es Naoise O'Conarain, vinculado también a grupos extremistas opuestos al Acuerdo de Paz de Viernes Santo de 1998 firmado entre el IRA y el Gobierno británico.
El magistrado apunta también que en la mochila de uno de los detenidos se encontraron «numerosos dispositivos encriptados» con diferente material, incluido el contenido «íntegro» del teléfono de un agente de la policía nacional, así como cantadas de otros miembros de la organización que fueron detenidos, fotografías de vehículos y numerosas matrículas que pudieran corresponder con vehículos de distintas policías que operan en el País Vasco. Según las fuentes consultadas por este diario, los arrestados anotaban las matrículas de coches que consideraban que les podían estar siguiendo. Muchas de ellas eran de ciudadanos particulares.
Según explica la resolución de la Audiencia Nacional, de lo aportado por la unidad investigadora, se informa que sobre las 04:03 horas del pasado día 26 de septiembre, agentes de la Ertzaintza uniformados dieron el alto a un vehículo en el transcurso de un control de alcohol y drogas que estaban realizando en Eskoriatza. Bilbao llevaría en sus pies una mochila, en cuyo interior se encontraron una variedad de objetos que finalmente serían ocupados, entre los cuales, según informó la Audiencia Nacional, se hallaron «evidencias sospechosas relacionadas con informaciones sobre un posible zulo con material, información sobre personas pertenecientes a otros cuerpos policiales, decenas de anotaciones manuscritas de matrículas de vehículos y documentación, en formato papel y pendrives, la mayoría de ellos encriptados». La mayoría de ese material está vinculado con la coordinadora Jardun.
En el asiento trasero del vehículo se localizó un bolso de tela perteneciente a Grunig que contenía dos teléfonos satelitales que permiten enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet. Gran parte del material intervenido en el control fue enviado a los laboratorios de la Policía Cientítica de la Ertzaintza con el objetivo de extraer toda la información que contienen los aparatos encriptados.
El juez Antonio Piña define en sus autos a Jardun como una organización compuesta por Jarki, autodefinida «como organización que promueve la lucha ideológica revolucionaria, independentista y socialista», y Aske, grupo «independentista, socialista, proamnistía y contra la represión».
El magistrado sostiene que procede la prisión de Bilbao para garantizar su presencia en el proceso y evitar la reiteración delictiva, «que podría determinar la realización de actuaciones de mayor gravedad, íntimamente relacionadas con las relatadas» A ello se añade, dice Piña, que el procedimiento se encuentra en una fase inicial, lo que determina la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba.
En el caso de Grunig, señala que es una militante activa de Jarki/Jardun que ha participado y ha sido identificada en varios actos violentos protagonizados por esa organización, sobre la que hay un señalamiento de control solicitado por Italia, lo que hace suponer que ha desarrollado una actividad similar en otros países.
El auto hace un recorrido sobre la disidencia de la izquierda abertzale en los últimos años. Piña subraya que acorde al cambio de estrategia del MLNV en el 2010, plasmado en el documento Zutik, ETA decretó el cese definitivo de su actividad armada en el 2011. Desde entonces, militantes del entorno del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, «disconformes con esa decisión», fueron agrupándose en diferentes organizaciones, destacando inicialmente IBIL, Iraultzaileen Bilgunea (2013), que posteriormente dio lugar a ATA Amnistía ta Askatasuna. Una de las organizaciones, apunta el texto, fue Jarki, de cuya existencia se tuvo conocimiento el 11 de julio del 2015, si bien luego se pudo comprobar que llevaba conformada desde mediados del 2013 aproximadamente, habiendo pasado todo este plazo sin haber sido detectada merced de la discreción, medidas de seguridad y pautas de clandestinidad con las que operaban sus integrantes.