Los funcionarios presionan para atar su subida salarial antes de las elecciones
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El Gobierno garantiza el incremento del 4,5 % y otro 0,5 % pendiente de atrasos
21 oct 2026 . Actualizado a las 11:41 h.Los sindicatos más representativos de los empleados públicos (CC.OO., UGT y CSIF) se reunieron ayer con los representantes del Ministerio para la Función Pública para tratar de acelerar la subida salarial pendiente para compensar la inflación de este ejercicio y la comprometida para el 2027, en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo sobre las condiciones laborales de los funcionarios firmado en noviembre del año pasado.
El pacto bipartito recogía una subida salarial global para los empleados públicos del 11 % para el período 2025-2028. Ese incremento se repartía de la siguiente manera: un alza del 2,5 % en el 2025 —que se aplicó con carácter retroactivo—; un incremento inicial del 1,5 % en este ejercicio, al que sumaría otro medio punto si el IPC superaba un determinado valor (del 1,5 %, cuando actualmente está en el 4,9 %); un alza del 4,5 % en el 2027 y otra del 2 % en el 2028.
En la reunión de ayer, los representantes del ministerio garantizaron el incremento del 4,5 % previsto para el año que viene (y el 0,5 % pendiente de este ejercicio), pero sin concretar cuándo se llevará al BOE. Los sindicatos quieren que esa aprobación se produzca antes de que el Gobierno entre en funciones, para lo cual desde la federación de Servicios Públicos de UGT Servicios Públicos reclamaron que la medida se apruebe como muy tarde el 24 de noviembre, fecha de la última reunión del Consejo de Ministros previa a la celebración de las elecciones generales.
La medida afectará a un total de 3.071.725 empleados públicos, según la última estadística del personal al servicio de las Administraciones que publica el ministerio. En Galicia, son 174.285 los trabajadores afectados, de los que 28.414 prestan servicio para la Administración General del Estado, otros 120.132 para la Xunta y sus organismos dependientes y los 25.739 restantes en entidades locales.
Desde el CSIF pidieron premura también al Gobierno, «para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones» y para garantizar que la norma básica estatal esté disponible con suficiente antelación para que el resto de administraciones (autonómicas y locales) «puedan presupuestar y preparar nóminas».
Por su parte, Comisiones Obreras urgió también la aprobación del real decreto ley para el incremento retributivo, al tiempo que señaló que «tan importante como la cuestión retributiva es que no se paralicen ni se pospongan el resto de medidas incluidas en el acuerdo marco».
Entre ellas, el sindicato insistió en la necesidad de avanzar en la eliminación o modificación del actual modelo de tasa de reposición, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio o la mejora de las condiciones del personal destinado en el extranjero.
No solo eso, sino que desde CC.OO. recordaron también que sigue pendiente el cumplimiento efectivo de compromisos fundamentales pactados hace cuatro años en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, «como la implantación de la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario y la culminación de los trabajos sobre clasificación profesional».
Temporalidad
La reunión también abordó el espinoso asunto de la temporalidad en la función pública, que sigue sin solucionarse pese a los sucesivos tirones de orejas de las autoridades comunitarias. Los representantes del ministerio reconocieron que la tasa de eventuales sigue estancada en el 27 % (superando el 40 % en sanidad y educación), y que para solventarlo está trabajando con las comunidades para reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, para definir en esta norma qué se considera abuso de la temporalidad y establecer sanciones como el cese de los gestores de las Administraciones que incumplan.
Además de esa medida, los sindicatos reclamaron que culminen de forma inmediata todos los procesos de estabilización aún pendientes, «y evitar nuevos retrasos que prolonguen situaciones de precariedad e incertidumbre para miles de empleadas y empleados públicos».
El incremento del 4 % en la Xunta será efectivo para más de 120.000 empleados a partir del 1 de enero
Los Presupuestos gallegos para el próximo año 2027, cuyo proyecto de ley ha llegado esta semana al Parlamento para iniciar su tramitación, prevén un importante incremento en lo que se refiere a los gastos de personal, que crecerán el año que viene un 8,5 %. Concretamente, esta partida pasa de los 5.288 millones de euros consignados este año a 5.739 presupuestados para el próximo, es decir, 450,2 millones de euros más para pagar nóminas. Recursos que se destinan a la subida del 4 % aprobada el año pasado, y que será la que se cobre a partir del 1 de enero del 2027. En el incremento presupuestario consignado por el Gobierno gallego en los Orzamentos del próximo ejercicio no solo se incluye ese 4 %, sino también el dinero consignado para hacer frente a un 1 % a mayores, pendiente todavía de que lo apruebe el Gobierno central. De ese 1 %, la mitad se corresponde con el IPC, y la otra con atrasos del 2026, tal y como informan desde el departamento que dirige Miguel Corgos.
La subida salarial del 4 %, pendiente de que se concrete en el 5 %, afecta a más de 120.000 mil trabajadores de la Administración autonómica, entre los que se encuadran todos los de los servicios de administración general y los empleados de las áreas de sanidad, educación y servicios sociales. El incremento del gasto de personal lo anunció el pasado viernes Miguel Corgos tras la celebración del Consello de la Xunta que dio luz verde al proyecto de Orzamentos para el año que viene. Una comparecencia que sirvió para dar cuenta del impacto que tendrían en las cuentas autonómicas la subidas acordadas por el Gobierno que, al ser normativa básica, afectan a todo el Estado. La Xunta recuerda que la principal partida de gasto en los servicios públicos fundamentales es el capítulo uno del Presupuesto. La retribución del personal se cobra gran parte del presupuesto del Sergas.