Una entidad pública intenta desahuciar a un enfermo de 80 años con alzhéimer en Vigo

e. v. pita VIGO / LA VOZ

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Foto de archivo de una protesta de los inquilinos de las viviendas de la Privada Moderna de Vigo, en la que aparece en primer término el vecino de 80 años al que la Sareb llevó a juicio para desalojarlo
Foto de archivo de una protesta de los inquilinos de las viviendas de la Privada Moderna de Vigo, en la que aparece en primer término el vecino de 80 años al que la Sareb llevó a juicio para desalojarlo Oscar Vázquez

La Sareb lo lleva a juicio para desalojarlo por falta de contrato y su abogada alega que el piso fue alquilado por su abuelo en 1935

24 oct 2026 . Actualizado a las 00:42 h.

La jueza de la plaza número 7 de la Sección Civil de Vigo celebró ayer un juicio para decidir si un inquilino de 80 años con principios de alzhéimer debe ser desalojado de su piso en las viviendas históricas de la Privada Moderna, cerca del barrio vigués de O Calvario. La nueva propietaria es la entidad pública Sareb (conocida como el banco malo por absorber los activos tóxicos de la banca durante la crisis del 2008). La dueña solicitó el desalojo del inquilino porque, según argumenta, este se halla en una situación de precario (a sus ojos, es un okupa porque carece de un papel, contrato o título que demuestre su derecho a residir en dicho piso).

El octogenario no se presentó al juicio. Su abogada lo excusó porque este padece principios de Alzheimer y está bajo el cuidado de sus dos hijas. La letrada argumentó en su defensa que el hombre reside legalmente en la vivienda porque su abuelo firmó un contrato de arrendamiento en 1935 que luego subrogó en su hija.

Se trata de uno de los seis vecinos de renta antigua que abonan alquileres mensuales que oscilan entre los 10 y 15 euros, y los 60 o 100 al mes. La Sareb intentó desalojarlos sin éxito para crear allí 40 viviendas de alquiler social para personas de bajos ingresos. Entre los afectados hay dos mujeres de 90 años, una de las cuales vive con familiares. «Para nosotros, este caso es como el de Maricarmen», afirma otro inquilino que acudió al juicio como testigo aunque no llegó a ser citado a declarar.

La abogada del inquilino mayor también dio otro argumento para certificar su derecho a residir en el inmueble: el demandado siempre pagó su renta de alquiler a la Sareb y esta lo ha aceptado. Por ello, no ocupa la vivienda a título gratuito sino que se dan los requisitos para residir en ella legalmente. Recuerda que antes de la Sareb hubo otros dos bancos que fueron dueños del inmueble y siempre les abonó a todos sus mensualidades de alquiler.

La letrada considera que la entidad pública actuó «con mala fe» porque dirigió la demanda de ejecución de desahucio contra un «ignorado ocupante» de una vivienda pese a que le constaba perfectamente quién es la persona que reside allí y aceptaba sus pagos de la renta de alquiler.

Además, el inquilino está personado en procedimientos administrativos de la Sareb y del Concello, razón por la que la propietaria debe conocer su existencia.

En el caso de que la jueza dé luz verde a la ejecución del desahucio, la abogada pide que se suspenda el desalojo por la situación de vulnerabilidad del arrendatario, con principios de demencia senil.

Al juicio acudieron como testigos dos de los seis vecinos de renta antigua que todavía residen en las casas de Privada Moderna, situada en un callejón que comunica Urzaiz con el entorno de Vía Norte. Según los perjudicados, a una mujer de 75 años no le arreglaron el tejado y una nonagenaria tuvo que trasladarse a vivir con una tía. Denuncian una situación de «acoso» inmobiliario por parte de la entidad pública que gestiona los inmuebles.

Al parecer, la Sareb les ofreció mudarse a otro edificio en la calle Aragón por problemas de seguridad en sus viviendas, pero ellos lo rechazaron porque desconfían de que luego les permitan regresar a sus casas. Además, nadie piensa moverse si la Sareb no reconoce al inquilino de 80 años como uno más.

El conflicto surgió cuando la Sareb pidió la declaración en ruinas de un edificio vacío del fondo de la calle e intentó lo mismo con los habitados. Los residentes contestaron al ente público que su obligación era reparar los desperfectos. Los afectados de renta antigua piden que se cumpla una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que les da la razón. Consideran que es paradójico que un ente público los desaloje a ellos para montar viviendas asequibles de alquiler.