La tragicomedia continúa. El destino de siete millones de catalanes vuelve a estar en manos de un minúsculo grupo antisistema al que solo han votado 195.246 personas. Si en el 2016 a la CUP le bastaron diez diputados para humillar a Artur Mas y arrojarlo al basurero de la historia, a los radicales de ultraizquierda les bastaron ayer cuatro para dejar en ridículo a Jordi Turull, último aspirante nacionalista a engrosar la lista de presuntos delincuentes que han presidido la Generalitat, desde Jordi Pujol a Carles Puigdemont pasando por Artur Mas. Para comprender por qué Puigdemont se empeña en proponer candidatos imposibles hay que entender que Cataluña ha estado gobernada durante los últimos años por una banda de malhechores. Y lo natural en todo grupo de criminales o forajidos es mantenerse unidos para no acabar todos en la cárcel. Desde ese punto de vista, nada tiene de extraño que un prófugo como Puigdemont solo acepte como aspirantes a sustituirle a miembros de su banda como Jordi Sánchez o Jordi Turull, piezas clave del golpe secesionista, y se niegue a devolver la normalidad democrática a Cataluña con un candidato limpio.
Si Turull -que ayer dio la medida de su mediocridad leyendo torpemente y sin levantar la vista su discurso de investidura-, tendrá o no mañana una segunda oportunidad ya no depende de él ni de la CUP, sino del juez Pablo Llarena, que podría procesarlo por rebelión, enviarlo a prisión e inhabilitarlo hoy mismo. Pero mientras este grupo de presuntos delincuentes sea el que siga decidiendo en Cataluña, lo mismo da que el candidato sea Turull o cualquier otro, porque no habrá forma de reconducir el proceso hacia la legalidad. El único objetivo de Puigdemont ha sido siempre prolongar el caos, porque sabe que la vuelta a la normalidad implica que él pase a ser un don nadie olvidado por todos en Bélgica.
Pero la solidez jurídica con la que el juez Llarena está cercando a los golpistas ha roto sin embargo los esquemas y los planes de los independentistas. Y ahora todo son prisas por formar un Gobierno autonómico con apariencia de legalidad para levantar así la losa del artículo 155, recuperar el control del boletín oficial y sobre todo unos Presupuestos con los que alimentar redes clientelares y fidelizar a medios de comunicación que fueron paladines de la causa separatista pero empezaban a flaquear en su ardor secesionista desde que se les cortó el grifo. Pero no lo van a tener fácil, porque la buena noticia es que el reloj se puso ayer por fin en marcha. Y Puigdemont y los suyos están atrapados ahora entre la presión de la Justicia, que impedirá un candidato golpista procesado, y la de los antisistema de la CUP, que si repudió al correoso Turull menos aceptará a la liberal y genuina representante del independentismo pijo-chic Elsa Artadi, la tapada. Les quedan dos meses para salir del laberinto o ir a unas nuevas elecciones. Pero el futuro de Cataluña solo empezará a despejarse cuando los miembros de esta banda que agoniza estén procesados, juzgados e inhabilitados.