El próximo 3 y 4 de abril está prevista la celebración en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del juicio oral en el proceso penal en el que se dirimirá la acusación por el delito de usurpación frente a 10 activistas del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Madreña. Las cosas han cambiado mucho desde que en noviembre de 2011 un grupo de personas ocupó el edificio abandonado de la antigua Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para convertir aquel inmueble olvidado en un centro abierto a la ciudadanía, con una intensa programación cultural y social. Tanto ha llovido que algunos de los activistas que se sentarán en el banquillo hoy ejercen, por decisión de la ciudadanía, funciones representativas importantes, como es el caso de Rubén Rosón, Concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Oviedo, o Andrés Fernández Vilanova, Diputado en la Junta General del Principado de Asturias (condición por la que el proceso se ventila ante el TSJA, ya que el aforamiento es irrenunciable legalmente). En la parcela de la calle General Elorza, 32, ya no está La Madreña desde el desalojo de junio de 2014 y se ultima la construcción un edificio residencial por la promotora SEDES, que ya está comercializando las viviendas. La llamada Operación de los Palacios acabó en un desastre urbanístico y económico en toda regla para la ciudad (con la ayuda de la crisis), con un reguero de damnificados y una reflexión colectiva pendiente sobre las causas del naufragio. A Calatrava ya no lo trae nadie a hacer dibujitos explicativos. Y hasta Gabino de Lorenzo, el alcalde sin el que nada de todo esto hubiera pasado, por fin ha decidido jubilarse tras 31 años como actor ineludible de la vida política local y regional.
Ahora que 10 de sus activistas rinden cuentas ante la justicia, conviene recordar que La Madreña, lejos de causar un perjuicio público, representó durante meses un lugar de encuentro y actividad continua que muchas personas y colectivos de la ciudad agradecieron, y que la convivencia con el barrio fue dichosa, hasta el punto de que las asociaciones vecinales apoyaron la continuidad del CSOA y hubo algún intento tímido (finalmente fracasado) de pensar en una salida distinta a la conocida, que diese una oportunidad remota a la cesión del espacio. Personalmente, conviví unos meses, como vecino que era de Pumarín, con el CSOA y acudí ocasionalmente en familia a alguna actividad (¡cuentacuentos para bebés!, que nadie ofrecía entonces) siendo el elemento «revolucionario» de la cuestión su gratuidad y el ambiente de acogida, sin pedirte nada a cambio, aunque no fueses partícipe activo del CSOA ni compartieses necesariamente los postulados de muchas de las personas destacadas en la iniciativa. La Madreña fue, en suma, un referente cultural y un espacio de convivencia que dejó huella en la ciudad, y con lo que me quedo es con la imagen de voluntarios echando tiempo para construir un proyecto común que mereciese la pena, cuidando el espacio público y poniéndolo a disposición a la ciudadanía. Algo muy distinto del perfil de sujeto paciente (como mucho, consumidor de servicios) que reservan muchos dirigentes públicos para sus representados.
Quizá la virtud de estas experiencias es su carácter esencialmente efímero y que el final de La Madreña tuviese que ser así (es muss sein, si nos ponemos beethovenianos), marcando una etapa en la vida de la ciudad en crisis, con las heridas económicas, urbanísticas y sociales abiertas, con sus pequeñas revueltas y sus esperanzas casi siempre diluidas. Pero dudo mucho que el final adecuado y materialmente justo para esta historia sea una condena penal por usurpación (con peticiones de multas de cierta importancia) para 10 personas decentes y comprometidas, estemos más o menos de acuerdo con sus ideas o con su praxis. Por una parte, es muy improbable que SEDES, en el momento de grave crisis en el que se encontraba entonces (parece que ahora va algo mejor, afortunadamente para todos porque es una empresa de mayoría pública), pudiese haber hecho algo con la parcela, y algo tiene que ver con ello que durante muchos meses apenas se hiciesen gestiones efectivas ante la ocupación del bien. Por otra parte, la situación de prolongado abandono antes de que apareciese La Madreña para dignificar el espacio, y la efectiva recuperación del bien por SEDES cuando se lo propuso, permiten relativizar (y mucho) el daño que se aduzca respecto de la empresa perjudicada, que al parecer ni siquiera ejercita ya acciones como acusación particular. Además, me pregunto en qué medida podrá individualizarse de manera fiable y no arbitraria la ocupación «usurpadora» (en términos de la acusación) sobre 10 personas concretas, siendo el colectivo de La Madreña” mucho más numeroso. Y, con carácter general, tratar penalmente esta clase de situaciones, parece desproporcionado a todas luces, si es que seguimos creyendo en el principio de intervención mínima del Derecho Penal (un criterio civilizador que parece hoy en retroceso, en muchos niveles).
Al margen de las consideraciones jurídicas, desde el punto de vista político sería alucinante y un verdadero sarcasmo, que, en la periferia de la Operación de los Palacios se escrutase desde el punto de vista del interés público (el que se pretende proteger con la acción penal) sólo la conducta de 10 activistas de La Madreña. Sea el que sea el resultado de este proceso, habrá que recordar que el legado de La Madreña para la ciudad no un pufo de 18 millones de euros (por la liquidación de la concesión del Palacio de Congresos), ni un quebranto en el patrimonio público de suelo municipal, ni un fallido y pretencioso complejo antifuncional (el «Calatrava», edificios administrativos incluidos), sino un ejemplo de activismo ciudadano que contribuyó durante meses a hacerla más humana y más viva.