Somos Avilés solicitará la comparecencia del concejal del área
19 may 2016 . Actualizado a las 11:03 h.El portavoz municipal de Somos Avilés, David Salcines, ha avanzado hoy que la Fiscalía ve indicios de delito en el derribo del antiguo cine Patagonia, situado en la localidad de Miranda, un elemento catalogado en ese momento con el máximo grado de protección. Este grupo anuncia en un comunicado que presentará ante el pleno municipal una moción pidiendo la comparecencia del concejal responsable. «Si a lo sucedido, el derribo de un elemento protegido, le añadimos que tras las diligencias del fiscal queda acreditado que el Gobierno Local mintió en sus explicaciones, o no se enteró, cuestión que empieza a ser difícil de creer, nos encontramos con un panorama desolador», sostiene Salcines. El edil duda de si se trata de «una actuación negligente o arbitraria e ilegal para favorecer al propietario facilitándole el derribo del cine».
Este cine ya estaba protegido desde el 2001 por la Ley de Patrimonio Cultural sin que quedase reflejado su protección en el catálogo urbanístico, «cuestión que nos parece también inaudita y de difícil comprensión». Tras las denuncias presentadas en su día por la Consejería de Cultura, el SEPRONA y Somos en relación con el derribo del Cine Patagonia, la Fiscalía inició diligencias de investigación, que concluyeron en un decreto firmado con fecha 19 de abril de 2016. «Mantiene el fiscal en sus fundamentos que, de la documentación remitida se desprende que el edificio era objeto de protección penal, de forma y manera que no podía haberse concedido la licencia de demolición», asegura el portavoz de Somos.
En lo relativo a la posible ocultación de la notificación de la Consejería de Cultura recibida en el Ayuntamiento, «el fiscal recoge como sorprendentes la declaración de la funcionaria del registro». Según explica Somos, la funcionaria manifestó que no existía ningún criterio para saber a qué órganos debía de remitirse un documento presentado por registro, «de tal forma que, cuando llegaba un documento de los que no son habituales, simplemente se dejaba guiar por su sentido común».
Ante estas cuestiones la resolución final del fiscal es la de formular denuncia por un posible delito contra el patrimonio histórico y otro contra la Administración Pública.