El consistorio avilesino acumula en dos años una decena de acuerdos plenarios pendientes de ejecutar. Entre ellos, crear la comisión de investigación del agua, demorada por la baja de la secretaria municipal
29 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La gestación de un embarazo es más rápida que la burocracia necesaria para sacar adelante algo a priori tan simple como la celebración de una comisión municipal. El pasado mes de noviembre el pleno del Ayuntamiento de Avilés aprobaba crear una comisión de investigación sobre la adjudicación del servicio del agua, concretamente la elección del socio privado. Casi nueve meses después se sigue esperando a que se convoque la primera de las reuniones. Un año antes se había aprobado -tras una modificación del texto inicial respaldada por PSOE y PP- poner en marcha una comisión informativa para el mismo tema y estaba celebrando su primer encuentro en dos meses. La diferencia entre una y otra, al margen de la etiqueta «de investigación», es que la segunda ha coincidido en el tiempo con la baja médica de la secretaria municipal, lo que ha hecho que desde el equipo de gobierno se optara por esperar a que le den el alta en lugar de seguir adelante adjudicando la labor a otros trabajadores municipales. Aunque eso suponga varios meses de espera para un asunto sobre el que se lleva debatiendo desde el inicio de legislatura.
Lo ocurrido con la comisión de investigación del agua es el retraso burocrático más destacado por la notoriedad del asunto, ya que el socio del consistorio en la gestión del servicio es Aquagest, investigada en el caso Pokémon. Pero no es la única demora importante que acumula el consistorio en los últimos dos años. De hecho hay una decena de acuerdos plenarios pendientes de ejecución, buena parte de ellos de carácter meramente administrativo. En una de las primeras sesiones de la legislatura, hace ya dos años, se habló de la necesidad de modificar el ROM (Reglamento Orgánico Municipal) y el gobierno asumió el compromiso de hacerlo, aunque hasta el momento está pendiente de diversos informes técnicos que han de elaborar los trabajadores municipales. O lo que es lo mismo: se encuentra en una fase muy inicial antes de que los diferentes grupos municipales puedan aportar algo al documento definitivo. Tampoco saben nada desde la oposición de informes reclamados por el pleno tales como una auditoría de las cuentas bancarias con pagos a justificar que existen en el consistorio, algo descubierto a finales del año pasado y a raíz de los pagos irregulares de la concejalía de Festejos que actualmente investiga el juzgado.
Las continuas demoras respecto a lo que se acuerda en el pleno han hecho que desde la oposición se reclame al gobierno más agilidad, tanto oficial como extraoficialmente. En ocasiones han señalado que estos retrasos les parecen voluntarios y que sólo buscan demorar las cosas hasta que caigan en el olvido. Algo así ha pasado con la comisión de la trama del agua, de la que se empezó a hablar hace dos año. En noviembre de 2015 Somos, IU y Ganemos -los tres grupos que han convertido el tema del agua en su caballo de batalla- reclamaron la creación de la comisión de investigación, pero el PSOE, con el apoyo del PP, cambiaron la palabra investigación por informativa, de modo que lo que se empezó a celebrar dos meses después fueron reuniones en que se daba cuenta de cómo se había elegido al socio mixto de gestión, pero no se daba respuesta a ninguna de las preguntas que se planteaban desde la oposición, algunas incluso realizadas ya en anteriores mandatos.
La comisión informativa se prolongó durante varias semanas y aunque por allí pasaron miles y miles de folios la oposición no sacó nada en claro ni consiguió que declararan quienes ellos querían, como antiguos responsables municipales o personas imputadas en el caso Pokémon, como el ex presidente del PP, Joaquín Aréstegui, y su mujer y ex concejala, Carmen Vega. De ahí que llevaran al juzgado la propuesta que habían elevado a pleno y que el gobierno había modificado y el juez les dio la razón. Así que volvió a tocar repetir la sesión y en esta ocasión se aprobó que la comisión fuera de investigación. Se dio la circunstancia de que el PP, inmerso en su propia crisis interna, esta vez sí que apoyó el planteamiento de los otros grupos dejando solos a los socialistas en su rechazo. El gobierno anunció que se iban a pedir informes para saber cómo proceder -el Ayuntamiento de Avilés nunca ha celebrado hasta el momento una comisión de investigación- y fijó para enero la primera reunión. Luego la demoraría a después de Semana Santa y desde entonces ni siquiera da fechas a la espera de que la secretaria municipal reciba el alta. Curiosamente es el único asunto municipal al que afecta, ya que el resto se desarrollan con normalidad.
Una comisión para controlar los acuerdos plenarios
La situación que se vive en el Ayuntamiento de Avilés respecto a los retrasos a la hora de dar cumplimiento a determinados acuerdos plenarios ha llegado al punto de que, entre otras cuestiones, se ha acordado crear una comisión especial que controle que se acata lo aprobado en sesión plenaria. El pasado mes de febrero, y a instancias de Ciudadanos, la oposición acordó en sesión plenaria crear una comisión informativa especial para el control y seguimiento del cumplimiento de sus propios acuerdos. La oposición en bloque apoyó la medida, ante la negativa del gobierno, y eso supuso que saliera adelante con una amplia mayoría. El objetivo es forzar precisamente al ejecutivo a poner en marcha lo aprobado en pleno y que no sale adelante. La mayor parte son asuntos promovidos y aprobados por los grupos de la oposición, que el PSOE no ve con buenos ojos o que difiere en los planteamientos y que desde los otros grupos creen que se paralizan de forma voluntaria argumentando diversas excusas. Lo mismo que ha ocurrido con la investigación de la adjudicación del servicio de agua en Avilés, que colea desde hace dos años.