El Gobierno exime a Avilés de las acusaciones de contaminación de la UE

Juan M. Arribas / Agencias REDACCIÓN

AVILÉS

La Coordinadora Ecologista denuncia una nueva nube negra de contaminación producida por otra avería en las baterías de coque de la factoría de Arcelor en Avilés.Nube negra producida por otra avería en las baterías de coque de la factoría de Arcelor en Avilés
Nube negra producida por otra avería en las baterías de coque de la factoría de Arcelor en Avilés CEA

El ministerio aduce los altos niveles de polución en Asturias a problemas en los medidores. Bruselas mantiene su ultimátum a España

30 ene 2018 . Actualizado a las 17:32 h.

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, ha achacado hoy a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona los «problemas puntuales» de contaminación atmosférica que tiene España y por los que podría recibir sanciones de la Unión Europea. La ministra asegura que los problemas localizados en Asturias, en Avilés, se deben a mediciones incorrectas.  La Comisión Europea (CE) mantiene sus advertencias contra España y otros ocho Estados miembros por exceder los niveles máximos de contaminación del aire y les llevará ante la justicia europea si no toman acciones inmediatas, declaró hoy el eurocomisario de Medioambiente, Karmenu Vella.

Por su parte, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, matizó que en el caso puntual de Avilés, España ha detectado un problema con la ubicación de la estación de medición y que, a petición del Gobierno regional, solicitará a la CE un cambio de localización.

«La calidad del aire en España ha mejorado sensiblemente, y a diferencia de países como Francia, que tiene 19 infracciones, o Alemania, que tiene 29, España ha pasado de tener ocho en 2010 a cinco en la actualidad, y de ellas 2 se deben a mediciones incorrectas en Avilés, y otra a un problema puntual con una planta de biomasa en Villanueva del Arzobispo (Jaén)», ha dicho la ministra.

García Tejerina ha subrayado que «los focos de incumplimiento» en España «son Madrid y Barcelona», donde sus ayuntamientos deben hacer más «esfuerzos», en tanto que «es su competencia».

La ministra ha espetado al diputado de Equo/Podemos Juan López de Uralde que «está en manos de sus partidos y confluencias arreglar el problema» de la calidad del aire en las dos citadas ciudades, y le ha pedido «que se lo tomen en serio».

López de Uralde le ha insistido, por su parte, en que «el problema de calidad del aire es generalizado y afecta al 94 % de los españoles», y ha recriminado a la ministra «que niegue trate de minimizar la importancia de este problema ambiental y de salud pública».

García Tejerina ha dicho, sin embargo, que el Gobierno «apoyará a los ayuntamientos a que cumplan sus competencias» con iniciativas como el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera («Aire II»), aprobado el pasado diciembre, con inversiones que rondarán los 276 millones de euros para reducir la contaminación del aire.

Lo único que puede evitar que el caso acabe en los tribunales es «que las medidas que pongan sobre la mesa y las acciones que tomen en sus países sean suficientes para alcanzar los objetivos sin ningún retraso», señaló Vella.

El comisario compareció en rueda de prensa tras reunirse con representantes de los nueve países señalados (Alemania, República checa, España, Francia, Italia, Hungría Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido) por exceder los límites de contaminación del aire por partículas finas (PM10) y por dióxido de carbono (NO2).

«Ante estos duraderos fracasos para tomar acciones serias y ante la perspectiva de que los procesos legales en curso continuarán, llamo a todos los Estados miembros a abordar este problema que pone en riesgo la vida con la urgencia que requiere», declaró el comisario europeo.

Vella, que no se refirió a las circunstancias particulares de cada uno de esos nueve países a los que Bruselas advirtió formalmente en febrero del pasado año, indicó que «el sentido de la urgencia no siempre es evidente entre los Estados miembros».

Y subrayó que «no hay nuevas fechas límites» en lo relativo al proceso legal en marcha si bien la Comisión continúa dialogando con los países afectados sobre un problema que hace que cada año mueran prematuramente en la Unión Europea 400.000 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire.

«Ha habido algunas sugerencias positivas pero tengo que decir que, a primera vista, no son suficientes para cambiar la fotografía global. Sin nuevas y efectivas medidas, en muchos casos, los estándares de calidad del aire seguirán superándose los meses y años mucho más allá de 2020», dijo el comisario, quien emplazó a los países a presentar sus nuevas propuestas «como muy tarde el próximo lunes».

Fuentes europeas precisaron que la Comisión aún no ha hecho una evaluación «país por país» y que tardará unos días en analizar los «compromisos» presentados por los Estados miembros presentes en la reunión, en la que Alemania, Francia, Italia y República Checa enviaron a la reunión a sus ministros del ramo, mientras que el resto estuvieron representados por otros cargos gubernamentales.

En el caso de España, la ponencia corrió a cargo de la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, quien trasladó a la Comisión que no se trata de un «problema generalizado» sino que se localiza en cinco puntos concretos: Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Andalucía) por partículas finas y el municipio de Madrid, Barcelona y su conurbación por dióxido de nitrógeno.

«Tenemos problemas en determinadas zonas geográficas bien acotadas», declaró a la prensa la secretaria de Estado, quien consideró que España está en «mejor» situación que el grueso de los países convocados.

Sobre el resto de zonas afectadas, indicó que las administraciones municipales, autonómicas y centrales trabajan conjuntamente para atajar el problema, que desde 2001 muestra tendencia hacia una mejoría.

«No nos podemos dar, ni nos podemos dar por satisfechos ni por contentos. Hablar de mejorar la calidad del aire es hablar de proteger a las personas (...) y de proteger nuestro medioambiente», declaró la secretaria de Estado, quien espera que la CE «tenga en cuenta las medidas» tomadas por España y las proyectadas para el futuro.

«De la Comisión Europea también esperamos, y agradecemos siempre, toda la implicación posible tanto política como, por ejemplo, en su caso, todo el apoyo financiero que pueda ponerse en marcha para seguir ayudando a los países», agregó.

A partir de ahora, el Gobierno de España trasladará toda esta información por escrito a Bruselas, convocará una reunión con las administraciones locales y solicitará a la CE «contactos bilaterales» con quienes aplican las medidas sobre el terreno.

«Este es un problema que tiene muchas facetas, que requiere (...) un cambio de movilidad, que implica un cambio de mentalidad y de concienciación de todos», subrayó García.