Tres policías de Avilés, sancionados por burlarse de Marlaska

La Voz

AVILÉS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una foto de archivo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una foto de archivo Fernando Alvarado

Los agentes participaron en un chat al comienzo del estado de alarma en el que también se mofaron del director del cuerpo

22 abr 2021 . Actualizado a las 17:28 h.

La portavoz municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares, ha mostrado este jueves su solidaridad con tres agentes de la Comisaria de la Policía Nacional de Avilés que fueron expedientados por mofarse del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de un chat privado. En esa conservasación, producida durante el Estado de Alarma del año pasado, los agentes dedicaron improperios contra el Director Adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González al que llamaron «imbécil» que «no sabe sumar» y sobre el ministro se mofaron diciendo «se Marlaska la tragedia».

En rueda de prensa, la portavoz del PP ha explicado que los hechos tuvieron lugar el pasado año en el contexto de un chat de policías, de ámbito nacional, cuando los agentes expedientados hicieron comentarios jocosos y negativos sobre el ministro del Interior.

«No vamos a justificar que nadie insulte al ministro, obviamente, pero lo que sí justificamos es que todo el mundo tiene vida privada», ha declarado la portavoz popular.

Llamazares ha recalcado que estos agentes pertenecen a un colectivo que lleva años reclamando la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nivel nacional, «y parece que estas reivindicaciones se están traduciendo en una presión que les limita para muchas actuaciones».

Además, ha subrayado que se trata de agentes próximos a la jubilación, con más de treinta años de ejercicio en los que han obtenido más de 200 reconocimientos públicos, «por sus méritos en el trabajo, sus capacidades, por su entrega y su disponibilidad».

Bajo su criterio, hay que separar claramente lo que lo estos agentes pueden opinar o argumentar en el ejercicio de sus funciones y lo que forma parte de su vida privada, «como cualquier otro ciudadano»; según recogió EFE.