La empresa muestra su máxima disposición a colaborar con la justicia tras la decisión de la Audiencia, que para el Principado «es un gran paso adelante»
05 may 2021 . Actualizado a las 17:51 h.La directora general de Industria del Principado, Rosana Prada, ha considerado este miércoles que la intervención judicial de las plantas de Alu Ibérica es «un gran paso adelante» que abre una importante vía para reconducir la actividad y el mantenimiento del empleo. Prada se ha expresado en estos términos después de que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de Madrid decretara la intervención judicial de Alu Ibérica, la sociedad propietaria de las plantas de aluminio de Avilés y A Coruña.
Todo ha sido posible, ha dicho la directora general de Industria, por la actuación de los trabajadores de la fábrica, al interponer una querella contra un conjunto de personas físicas y jurídicas que ha llevado a la compañía a la «nefasta» situación en la que se encuentra. En su opinión, las medidas cautelares van a evitar que se realicen operaciones en detrimento de la planta y abren una importante vía reconducir la actividad y el mantenimiento del empleo.
Prada ha indicado que la decisión judicial viene a confirmar lo que llevaba denunciado el Gobierno del Principado desde abril del pasado año cuando el Grupo Riesgo se hizo con la aluminera. «Por desgracia, se han ido cumpliendo los peores presagios y sin duda alguna hubiéramos preferido haber tenido que retractarnos», ha declarado la directora general.
También hoy la dirección de Alu Ibérica ha manifestado su máxima disposición a colaborar con la justicia tras la decisión de la Audiencia Nacional de decretar la intervención de la compañía, propietaria de las antiguas plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña, a la vez que ha mostrado su intención de seguir adelante con sus planes de futuro para ambas factorías alumineras.
La dirección de Alu Ibérica recibió ayer el auto por el que se decreta una medida cautelar consistente en la designación de interventor judicial durante seis meses. Tras ser analizado por el equipo legal, la empresa ha querido dejar constancia en un comunicado de su «máxima disposición a colaborar con la justicia en todo momento y a facilitar cuanta información proceda para ayudar en el entendimiento de la adquisición de las plantas de producción de aluminio y demostrar su correcta administración».
La empresa ha defendido que «el trabajo diario con el equipo interventor permitirá demostrar la transparencia con la que siempre ha actuado la dirección de Alu Ibérica y reforzará su defensa en esta causa». La compañía ha añadido que los 580 trabajadores de Alu Ibérica han sido puntualmente informados de esta medida cautelar y se ha trasmitido plena tranquilidad a la plantilla solicitando su colaboración con la justicia, si fuera necesario.
Según Alu Ibérica, la intervención judicial «no representa un cambio en la gestión ni en el funcionamiento ordinario de las plantas, ni en sus ordinarias transacciones comerciales, pudiendo mantener el avance del plan industrial diseñado en forma y fondo».
La decisión judicial de intervenir en las dos antiguas plantas de Alcoa ha venido precedida de un largo y polémico proceso de venta. En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, informa Efe.