Condenan a un vecino de Peñamellera a pagar 60.000 euros por provocar un incendio

Efe OVIEDO

COMARCAS

La sentencia considera que cometió una imprudencia grave que afectó a 20 hectáreas de terreno. Deberá repartir el dinero entre las administraciones que colaboraron en la extinción

03 feb 2017 . Actualizado a las 12:19 h.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha condenado a un hombre a pagar indemnizaciones de más de 62.000 euros por un incendio forestal que provocó en marzo de 2013 por imprudencia grave, y que afectó a más de veinte hectáreas del concejo asturiano de Peñamellera Baja y de Val de San Vicente (Cantabria).

Los hechos ocurrieron al mediodía del 9 de marzo de 2013, cuando el hombre procedió a la quema de unos restos de matorral que había en su finca, en el paraje de Borcio, próximo a la localidad de Buelles, en Peñamellera Baja. Según el apartado de hechos probados del fallo judicial, el hombre hizo la quema cuando existía un riesgo alto de incendio y sin tomar ningún tipo de precaución. Las llamas se descontrolaron y se extendieron en la dirección del viento hasta afectar a más de veinte hectáreas, de las que doce eran de superficie arbolada. El fuego entró en Cantabria, donde afectó a un total de 9,7 hectáreas de arbolado de encina y eucalipto, así como de matorral y tojo, zarza y herbáceas, en un monte propiedad de la Junta Vecinal de San Pedro de las Baheras y otros terrenos particulares.

La sentencia condena al autor del incendio por imprudencia grave al pago de indemnizaciones de 17.466 euros al Principado por perjuicios ambientales; de 9.936 euros a los Bomberos de Asturias y de otros 9.112 euros al Ministerio de Agricultura por los gastos de extinción. Asimismo, al Gobierno de Cantabria deberá indemnizarle con 547 euros por los gastos de extinción y con otros 4.067 euros por las pérdidas medioambientales. Por último, deberá de indemnizar a los propietarios de las parcelas afectadas con las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por los daños causados, y que según una pericial realizada por el Gobierno cántabro ascienden a casi 21.000 euros.

La sentencia condena al hombre a una pena de seis meses de prisión, si bien se le concede una suspensión durante tres años, condicionada a que no cometa delito.