El 78% de las entidades locales se han sometido al control de este órgano
25 oct 2017 . Actualizado a las 16:27 h.Doce de los 78 ayuntamientos asturianos no han rendido aún las cuentas del pasado año ante la Sindicatura, y otros cinco lo hicieron fuera de plazo, según ha informado hoy este órgano fiscalizador a cuyo control tienen la obligación de someterse todas las entidades locales.
Hasta la semana pasada, los consistorios que no habían cumplido con esa obligación eran los de Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Lena, Amieva, Caso, Ibias, Peñamellera Alta, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Teverga, Villanueva de Oscos y Villayón.
Otros cinco, los de Llanes, Mieres, Quirós, Allande y Taramundi, lo hicieron fuera de plazo, mientras que los 61 concejos restantes lo hicieron en tiempo y forma, el mismo número que un año antes.
Si se tienen en cuenta todas las entidades locales que deben fiscalizar sus cuentas, como son las mancomunidades y las parroquias rurales, han sido 104 las que se han sometido al control de este órgano, un 78,2 por ciento del total.
Este porcentaje se sitúa un 2,1 por ciento por encima del registrado el pasado año y supone, según informa la Sindicatura, la vuelta a la tendencia positiva de los últimos años, interrumpida ligeramente en la rendición de cuentas del ejercicio 2015.
En cambio, las mancomunidades presentan un nivel muy bajo de cumplimiento en plazo pues solo lo hicieron 5 de las 16 existentes, es decir, un 31,3 por ciento., y otra fuera de plazo.
Por el contrario, se debe valorar muy positivamente el dato de las parroquias rurales, cuyo grado de cumplimiento en plazo casi es pleno (97,4%), igual que en los últimos años.
En cuanto a los consorcios públicos, sólo cuatro rindieron las cuentas del 2016: Cadasa, Cogersa, el Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias y el Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, aunque este último fuera de plazo.
La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias está facultada por ley para imponer multas coercitivas a los entes públicos cuando incumplan su deber de colaboración o cuando planteen cualquier obstrucción a la función fiscalizadora.
Hasta el momento no se ha iniciado ningún expediente, pero no se pueden descartar, cuando otras medidas sean insuficientes.