El bloqueo de los fondos mineros resume los conflictos entre las administraciones y la falta de impulso del Gobierno central a las cuencas
26 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La carga que para el Estado significaba el carbón nacional a finales del pasado siglo derivó en una serie de planes para la reestructuración de las comarcas mineras, planes con varios puntos que se resumen en que estos territorios recibirían millones y millones de euros en compensación al declive minero e industrial. Sin embargo, el incumplimiento por parte del Gobierno central del último plan de la minería para el periodo 2013-2018 podría decirse que se ha vuelto en contra de las cuencas en particular, y de Asturias en general, una actitud que está suponiendo una hipoteca para los concejos mineros y para el Principado ya que, aunque teóricamente la comunidad autónoma dispone de unas partidas para continuar con la reconversión, estas han continuado paralizadas durante todo el 2016 lastrando la transición a nuevos modelos económicos y obligando a las administraciones locales y regional a adelantar fondos propios para sacar adelante algunos de los importantes proyectos con los que se pretende dar alternativa a unas comarcas. Este año, la minería da un paso más hacia su extinción con el cierre, el 31 de diciembre, del pozo María Luisa; la industria no repunta tras haber perdido el 75% del empleo en el último cuarto de siglo; la tasa de desempleo es desalentadora; y la población cada vez está más envejecida.
El primer revés del año para las comarcas mineras era la ausencia en los Presupuestos del Estado para 2016 de los 250 millones de euros del vigente Plan de la Minería bloqueados ya desde 2012. El Principado, los ayuntamientos y los sindicatos reclamaban en febrero que fijara los criterios para el reparto de dichos fondos e, incluso, la administración regional se decidía a preparar los proyectos y los convenios para cuando le llegara dicho dinero. Sin embargo, ese dinero no solo no ha llegado, sino que el Gobierno central, entonces en funciones, dejaba en papel mojado unos fondos mineros adicionales que Mariano Rajoy comprometía en León en septiembre de 2015 y de los que, por el momento, nada se sabe.
Y mientras los dineros del último plan, conocido como Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018, no se perciben aún en estos territorios pese a que en su día fue definido como «el mejor acuerdo posible para el sector», otra guerra está abierta en los juzgados, ya que el Principado mantiene en los tribunales reclamaciones al Ministerio de Industria por un importe global de 195 millones en el caso de proyectos ejecutados por la administración autonómica y no cobrados a los que se añaden otros 66 millones de iniciativas no ejecutadas, proyectos e iniciativas correspondientes al anterior plan de la minería 2006-2012.
Justamente el último Consejo de Gobierno del Principado del mes de noviembre acordaba de nuevo acudir a los tribunales para demandar al Ejecutivo central los 21,5 millones de fondos mineros correspondientes a 20 actuaciones ya ejecutadas e incluidas en el recurso interpuesto en 2013, que se resolvió con una sentencia favorable pero ante la que ha habido silencio administrativo. Entre los convenios objeto de estos nuevos recursos, que corresponden a proyectos ejecutados con fondos propios por el Principado, figuran el Ecomuseo del valle de Samuño (6,5 millones), las infraestructuras básicas para el desarrollo del Alto Aller (3,4 millones), el proyecto Angliru-Base (2,3 millones) o la redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras (1,3 millones). De esta relación forman parte también el plan de dinamización turística para la comarca de Fuentes del Narcea (1,6 millones), el plan de suelo de vivienda para jóvenes (2,5 millones) o el saneamiento de Villacibrán (585.746 euros), entre otros.
Y mientras los fondos para la reactivación de las comarcas mineras se mantienen en situación de bloqueo, el sector del carbón se quedaba casi sin aire en el transcurso de este 2016. Así, a mediados de año, sindicatos (CCOO Industria y FICA-UGT), patronal (Carbunión), partidos políticos, comunidades autónomas productoras del carbón y las asociaciones de las comarcas mineras se formalizaban la firma del Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras y creaban «un frente común» para exigir al Gobierno que negocie en la UE la supervivencia de la minería española del carbón más allá del horizonte de 2018 y que agilice el cumplimiento del plan social y la puesta en marcha de los mecanismos para el impulso económico de estos territorios.
Sin embargo, a mediados de noviembre los sindicatos mineros volvían a Madrid a presentar un escrito para reclamar de nuevo que se convoque la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería, porque tan fundamental como que lleguen fondos para la reactivación es lograr un hueco en el mix energético nacional para el carbón más allá del 2018, fecha en la que tendrán que cerrar todos aquellos pozos que no sean competitivos.
Así, la estocada final a la minería puede llegar antes de que las comarcas mineras hayan encontrado un nuevo modelo económico, un modelo aún hoy por definir porque la gestión de los fondos mineros que sí llegaron a estos territorios parece no haber sido la más adecuada para la reactivación de las cuencas y porque los que se comprometieron en el último plan todavía están en el aire.