La entidad presenta tres demandas escalonadas contra el constructor, el arquitecto y el aparejador y estudia abrir la vía penal. Asegura que ha conseguido encauzar la gestión de las instalaicones
30 may 2017 . Actualizado a las 11:54 h.El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana lleva al juzgado las deficiencias detectadas por una auditoría externa en la residencia SPA de Felechosa. El plazo legal concedido por el Montepío para que la compañía constructora asumiera su corrección ha terminado, hoy, 28 de diciembre, sin que que nadie haya movido fiicha. Por esa razón, ha decidido presentar de inmediato tres demandas escalonadas contra el constructor, Juan Antonio Fernández; el arquitecto de la obra, Manuel Sastre, y el aparejador, Vicente Fernández García. El Montepío considera que se ha producido un incumplimiento de las condiciones del contrato y de la garantía, que se acumulan a una reclamación por vicios en la construcción. Las demandas se realizan contra los responsables de su desarrollo y ejecución después de que, según la entidad, «hicieran caso omiso a las reclamaciones previas de subsanación realizadas por burofax». La cantidad que se reclama asciende a algo más de dos millones de euros.
La residencia SPA de Felechosa acumula un sinfín de deficiencias que han generado unos gastos adicionales y que califican de «inasumibles». La auditoría ha encontrado desde condensaciones, a defectos en el suelo de baños, habitaciones y en la cocina, junto con múltiples problemas con los acabados. La suma de los defectos y del dinero extra que ha tenido que utilizar se calcula en 2.052.208, 68 millones de euros. En el texto de la demanda, el Montepío concluye que «el proyecto es defectuoso, el control fue negligente y la ejecución del proyecto deficiente; y la obra ni siquiera se ajusta al mismo. Nos encontramos por tanto ante un cúmulo concatenado de despropósitos por parte de los profesionales contratados, de enormes proporciones». Al margen de las acciones civiles, se reserva la posible adopción de acciones penales. La decisión la han adoptado de acuerdo con los servicios jurídicos, con la idea de «defender el patrimonio mutualista y el cumplimiento sobre un proyecto clave en la reactivación de las comarcas mineras».
Con respecto a la gestión de la residencia, el Montepío señala que «se ha logrado encauzar en el último año gracias a la captación de nuevos clientes y a la creación de nuevos servicios sociosanitarios, que han supuesto ya la entrada de esta actividad generado de 80 empleos directos, en cifras de viabilidad». Las instalaciones comenzaron a funcionar a mediados de 2012 y los defectos han ido emergiendo en los años posteriores.