Ripa pide a Javier Fernández que explique «la sobreprotección» de la FSA a David Moreno
23 feb 2017 . Actualizado a las 20:16 h.Podemos Asturies y su marca local Xente por Aller han solicitado hoy la dimisión del alcalde allerano, David Moreno, investigado por prevaricación junto a su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, por conceder subvenciones a una asociación para pagar a los monitores del polideportivo de Sotiello.
La Audiencia Provincial desestimó recientemente el recurso presentado por ambos contra la decisión del juzgado que instruye la causa tras la denuncia presentada por la Fiscalía y deberá determinar ahora si procede a la apertura de juicio oral.
En rueda de prensa la única concejala de Xente por Aller, Patricia Díaz, ha señalado que Moreno siguió «haciendo política al estilo Villalta» al frente de la corporación «y gestionando el Ayuntamiento como un cortijo particular anteponiendo los intereses particulares a los generales».
Díaz ha emplazado además al secretario general de la FSA-PSOE, Javier Fernández, a aclarar «por qué permite que esto siga ocurriendo» y por qué su partido procedió antes de las últimas elecciones municipales a anular las primarias de su partido en Aller en las que se había impuesto un candidato distinto a Moreno.
La edil ha comparecido junto al secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, que ha señalado que el de Aller es «uno de los alcaldes protegidos por el SOMA, por (Jesús) Gutiérrez y por Javier Fernández» y ha advertido de que el delito de prevaricación por el que se le investiga es «una corrupción sutil que genera clientelismo, un modo de gestión clásico de la FSA».
«No sé si el mérito es que Aller cuente con el geriátrico del Montepío y eso lo hace extremadamente valioso para el SOMA y para Javier Fernández», ha apuntado Ripa tras exigir del dirigente socialista que aclare si, en caso de que se abra juicio oral, aplicará el código ético de la FSA que conlleva la dimisión «o si lo va a aforar como diputado como hizo con el alcalde de Cudillero».
Según la Fiscalía, tanto Pérez Villalta como su sucesor al frente de la corporación dictaron desde 1997 resoluciones mensuales por las que se concedían subvenciones a dicha asociación pese a que no cumplía ninguno de los requisitos legales para recibirlas.
Para el Ministerio Público, en dicho periodo no se efectuó ninguna convocatoria pública para la concesión de la ayuda pública y no se respetaron los principios de publicidad y concurrencia competitiva establecidos en la Ley General de Subvenciones.
La querella de la Fiscalía, promovido a instancias de una denuncia presentada por el PP, incide además en que la secretaría y la intervención municipal presentaron múltiples reparos e informes negativos que no evitaron que se siguiera concediendo la subvención pese a entrar en contradicción con el ordenamiento jurídico.
Durante la instrucción, la titular del juzgado número 2 de Lena rechazó que el Ayuntamiento se personase en calidad de perjudicado al no desprenderse de las actuaciones ningún perjuicio para la institución en la concesión de las subvenciones investigadas.