Cientos de peticiones de ayudas sociales contradicen la salida de la crisis en las cuencas

Los datos macroeconómicos dicen que en España la situación mejora y que el país está saliendo de la crisis. Sin embargo, el incremento de las solicitudes que reciben los ayuntamientos, en este caso de las comarcas mineras, demandando ayudas sociales para cubrir necesidades básicas hacen que alcaldes o concejales de asuntos sociales de los municipios pongan en tela de juicio que así sea, y más cuando en los últimos años ha sido necesario incrementar las aportaciones a los programas de prestaciones básicas o concertación para combatir la emergencia social. Así, los últimos datos aportados por las administraciones locales del Nalón y del Caudal reflejan que en la actualidad gestionan entre todas algo más de 1,8 millones de euros que se convierten en ayudas sociales y de alojamiento, ayudas escolares, de garantía energética, contra la pobreza infantil, para la incorporación social, becas para libros o apoyo a la intervención social. Sin embargo, esa imponente cantidad que surge de convenios con aportaciones del Estado, del Principado y de los propios ayuntamientos todavía se queda corta, pese a los esfuerzos económicos que desde estos últimos aseguran que hacen para tratar de atender todas las peticiones de ayuda.

Langreo y Mieres por ser los concejos con más población de las cuencas son los que mueven cuantías mayores para hacer frente a la pobreza en la que se encuentran muchas familias, sobre todo en el primero. Y es que sólo los programas que se gestionan desde el ayuntamiento langreano ya superan el millón de euros de ese total de 1,8 millones. Esto es según explica el concejal de Servicios Sociales, Antonio Giganto, porque el gobierno de coalición IU-Somos «se formó con la premisa de que los servicios sociales serían la prioridad del gobierno con la máxima de que las personas están por delante de todo». Así, para algunos programas el Consistorio ha llegado a duplicar con recursos propios la cantidad que por convenio recibe del Estado y del Principado a fin de poder atender todas las solicitudes recibidas. Ha sido el caso de la convocatoria de ayudas contra la pobreza infantil para la que el Ayuntamiento aportó 123.000 euros a mayores sobre los 102.000 euros que sumaron las aportaciones de las otras dos administraciones.

Lo mismo tuvo que hacer el Ayuntamiento de Mieres con el programa de ayudas sociales y alojamiento, al que aportó 56.146 euros para sumar a los 56.700 que le llegan de otras administraciones. Esas partidas se suman a otras habilitadas para el pago del IBI, para garantía energética, para pobreza infantil o para ayudas a libros, con lo que desde la administración mierense se gestiona una cantidad que supera los 395.000 euros con la que tratan de paliar la mala situación económica de cientos de familias del concejo. Lo malo, según señala la concejala de Bienestar Social, Teresa Iglesias, es que el Gobierno local «pese a tratar de hacer un esfuerzo por encima de sus posibilidades» es consciente de que «esa cantidad aún no es suficiente para cubrir todas las necesidades». Es por ello que la edil matiza que «quizá porque estos ayuntamientos están más machacados por la crisis no notamos que haya una mejora económica en las familias, porque el numero de solicitudes de ayudas no ha disminuido».

Y en esto coincide con ella su homólogo langreano, quien considera que «no es cierto que se esté saliendo de la crisis cuando los datos dicen lo contrario. Cada vez que se saca una convocatoria de ayudas, al Ayuntamiento llega una avalancha de solicitudes». Así, Antonio Giganto considera necesario que desde las administraciones regional y central incrementen las aportaciones que hacen a los planes de concertación social, ya que apostilla que la Ley de Racionalización del Gasto Público limita a los ayuntamientos a la hora de intentar destinar más fondos a los servicios sociales.

El resto de municipios de las comarcas mineras también tratan de hacer frente a la necesidad de muchas familias con los mismos programas que los concejos cabecera. Así, San Martín del Rey Aurelio llega a gestionar ayudas que alcanzan casi los 173.000 euros, en Lena rondan los 112.600 euros, en Laviana superan los 68.000 euros, en Aller se acercan a los 62.200 euros, en Sobrescobio suman 18.700 euros, en Riosa 17.300 euros, en Caso 4.800 euros y, por último, en Morcín se conceden ayudas por valor de 2.900 euros.

Lo que es difícil de determinar es a cuantas familias se ayuda con los 1,8 millones de euros que se conceden a través de los diferentes programas con los que se trata de combatir la pobreza en las cuencas, ya que a una misma familia se le pueden aprobar ayudas de dos convocatorias distintas si cumple los requisitos establecidos en cada caso. Lo que si que tratan todos los ayuntamientos es de agilizar la concesión de las ayudas. En el caso del Ayuntamiento de Laviana, la concejala de Bienestar y Defensa de los Derechos Sociales, Cristina Remesal, explica que tratan de apoyar «más fuertemente en épocas de espera de salario» y que la respuesta «es inmediata» cuando se trata de necesidades de alimentos «y lo más rápido que se puede en el resto de ayudas». Para ello, indica que desde el gobierno lavianés han tenido que incrementar la partida que se destina a servicios sociales «para cubrir al máximo esas necesidades», ya que aunque casi todas las familias tienen concedido el salario social «nosotros les complementamos con vales, ayudas al alquiler o para el pago de la luz».

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