La Fiscalía solicita cárcel para dos empresarios por interferir en unas elecciones sindicales

Los acusados son los propietarios de la empresa encargada de la explotación del Burger King ubicado en el centro comercial Valle del Nalón en El Entrego


El Entrego

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión para cada uno de los dos empresarios de El Entrego acusados de interferir en unas elecciones sindicales y tratar de evitar la presentación de una candidatura. Los acusados, son los propietarios de la empresa encargada de la explotación del Burger King ubicado en el centro comercial Valle del Nalón en El Entrego. El día 7 de mayo de 2015 se presentó un preaviso de elecciones sindicales en el restaurante para elegir un representante de los trabajadores, iniciándose el plazo para la presentación de candidaturas, presentándose así una candidata, y el ultimo día del plazo, el día 10 de junio de 2015, la otra.

Los acusados, al tener conocimiento de la presentación de esta última, con la finalidad de interferir en las elecciones y con conocimiento de la necesidad de ésta de mantener su puesto de trabajo, pidieron a la jefa de personal del centro de trabajo que comunicara a las trabajadoras que la dirección de la empresa no deseaba que saliera elegida. En caso contrario considerarían que se estaba echando un pulso a la empresa y que habría represalias también contra las trabajadoras que la hubieran votado. La jefa de personal transmitió telefónicamente lo indicado por sus jefes a la candidata, así como a toda la plantilla del centro, en una reunión el día antes de las elecciones, el 11 de junio de 2015.

Tras la celebración de las elecciones, el 12 de junio, en las que no salió elegida la candidata coaccionada, los acusados procedieron a despedir o a no renovar a los trabajadores con contrato temporal que la habían votado. Así, en el mes de septiembre de 2015 despidieron a tres de ellos. Dos de los ellos fueron declarados nulos por sentencia del Juzgado de lo Social de Mieres de fecha 30 de noviembre de 2015, y el tercero llegó a un acuerdo económico con la empresa. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y, subsidiariamente, de un delito de coacciones, y solicita que se condene a cada uno de los acusados a la pena de 2 años de prisión.

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