Visto para sentencia el juicio contra los propietarios de la empresa que explota el Burger King de El Entrego por un presunto delito de coacciones a trabajadores
23 may 2017 . Actualizado a las 17:47 h.El Juzgado de lo Penal de Langreo ha acogido la vista contra los propietarios de la empresa Nalón Carcami que explota el Burger King de El Entrego por un presunto delito de coacciones y contra los derechos de los trabajadores ya que según la Fiscalía y la acusación particular ambos habrían tratado de interferir en las elecciones sindicales que se celebraron en dicho centro de trabajo en mayo de 2015 al intentar evitar la presentación de una candidatura en representación de Comisiones Obreras. Tras algo más de tres horas de juicio, durante las que escuchó a los acusados y a diversos testigos, el titular de lo Penal lo dejaba visto para sentencia con la petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía, tres años de cárcel y una indemnización de 24.000 euros por parte de la acusación particular y la libre absolución por parte de la defensa.
Los dueños de Nalón Carcami negaron en sus declaraciones haberse opuesto a la celebración de las elecciones sindicales en el Burger King del centro comercial Valle del Nalón, haber impuesto una candidata de confianza en representación de UGT, así como haber dado directrices a la gerente de este centro de trabajo para que ésta tratara de convencer al resto de empleados de que no votaran a la candidata de CCOO. Tras rechazar estas acusaciones, lo que sí reconocieron es haber advertido «que no quería malestar en la empresa», y aunque tras ganar esta última candidata los empresarios no impugnaron el proceso pese a haberlo podido hacer por no estar convocado el proceso con el debido tiempo, no realizaron renovaciones de contrato o despidieron a trabajadores alegando bajo rendimiento, aunque los despidos fueron declarados nulos por un juez hace unos meses.
Sin embargo, la representante de los trabajadores, delegada por CCOO, ha explicado en la vista que la gerente del centro de trabajo la llamó y «hablando por boca de los empresarios» trató de convencerla «de que los llamara para pedirles permiso para presentarme» a las elecciones sindicales. La misma ha añadido que la responsable del centro de trabajo les advirtió posteriormente en una reunión en la que estaban siete de los diez trabajadores que «mi candidatura era un pulso a la empresa y que iba a haber problemas si salía elegida». Es más, la representante sindical de los trabajadores ha asegurado que «siempre teníamos la amenaza de despido encima de la mesa» y a preguntas de la acusación particular añadía haberse sentido «amenazada porque o salía despedida yo o los compañeros».
En la vista fueron llamadas a testificar otras trabajadoras en aquel momento del Burguer King del centro comercial Valle del Nalón que coincidieron al declarar que los propietarios del negocio habían tratado de imponer a otra trabajadora de su confianza y con la que tenían parentesco como candidata a representante de los trabajadores. «Ellos querían presentar a Isabel Nava», ha manifestado otra de las trabajadoras, que después de las elecciones sindicales fue despedida, al igual que otra de sus ex compañeras, que ha afirmado haberse sentido «coaccionada para que votáramos a la candidata que ellos querían».
Por su parte, la gerente del centro de trabajo en el que sucedieron los hechos ha negado que trasladara amenazas de despidos y ha dicho que lo que pudo señalar entonces es que se generaría malestar o enfrentamiento entre los trabajadores. Sin embargo, la candidata que se presentaba por UGT y que supuestamente contaba con el visto bueno de los empresarios, caía en contradicción cuando, tras dar a entender que la empresa le había pedido que se presentara a las elecciones sindicales, trataba de corregir su declaración intentado no perjudicar con ella a los empresarios.
Esto ha llevado a la Fiscalía y a la acusación particular a señalar que mientras los testimonios de las que fueron trabajadoras eran categóricos, los de los tres testigos de la defensa, que aún dependen laboralmente de los empresarios, tenían contradicciones, calificándolos una y otra de «vergonzosos» o «inconsistentes e incoherentes». Así, la Fiscalía ratificaba la petición de dos años de cárcel que la defensa, por otra parte, ha considerado desproporcionada al considerar que no se había vulnerado la libertad sindical.