El ayuntamiento solicitará a Delegación de Gobierno autorización para instalar el dispositivo en el parque de La Laguna
24 ago 2017 . Actualizado a las 11:37 h.Los vecinos de San Martín del Rey Aurelio están cansados de que los vándalos causen daños en el mobiliario urbano y el ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto. El equipo de Gobierno solicitará a la Delegación del Gobierno la autorización para instalar una cámara de videovigilancia en el parque de La Laguna con el objetivo de frenar este tipo de actos. Según explican desde el consistorio, la medida está justificada por «los cuantiosos daños que se producen de manera continuada y que afectan principalmente a la zona infantil de juegos y a los aseos públicos».
Enrique Fernández, alcalde del concejo, argumenta que se ven obligados a tomar esta medida «ante la falta de respeto por parte de vándalos hacia los equipamientos públicos que son de todos, con los consiguientes perjuicios económicos para el ayuntamiento. Quienes respeten las instalaciones no han de temer por su intimidad, pero los que no lo hagan tendrán que asumir las consecuencias», advierte.
Desde el ayuntamiento quieren dejar claro que la instalación de la cámara no atenta contra la privacidad de la población, ya que de acuerdo a la normativa que regula la instalación de estos dispositivos, las imágenes que se graban se borran al cabo de una periodicidad determinada y solo se visionan, por parte de la Policía Local, en el supuesto de que se produzca alguna incidencia respecto al mobiliario e instalaciones urbanos. Así mismo, la instalación traería consigo la colocación en la zona de cuatro carteles anunciadores, con la leyenda de «Zona videovigilada».
A finales del año 2015 ya se colocaron tres cámaras de videovigilancia en el parque de El Florán, en Blimea, como consecuencia de los daños que se venían produciendo en el mobiliario urbano. Ya entonces se consideró la posibilidad de ampliar la medida a otros emplazamientos del municipio que lo necesitaran, como ha surgido ahora. Para el alcalde, la instalación de este tipo de cámaras «es una tendencia creciente en los municipios españoles y la lógica nos dice que los costes del servicio de mantenimiento son siempre mucho menores que los generados por la reposición del material urbano atacado, siendo el objetivo de su colocación disuadir de las conductas incívicas que afectan a la conservación de los equipamientos públicos», concluye.