El abandono de viviendas obliga a los ayuntamientos afectados por el declive minero e industrial a afrontar, e incluso costear, la demolición de inmuebles cuando suponen un riesgo para la seguridad
28 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las consecuencias que para las cuencas tiene el declive del sector minero e industrial y el envejecimiento de la población es como el cuento de nunca acabar. Entre ellas está, como se ha escrito en otras ocasiones, el desempleo y la pérdida de habitantes en estos territorios, pero esta última deriva, a su vez, en otra consecuencia que supone un rompedero de cabeza y en muchas ocasiones una carga económica para los ayuntamientos, sobre todo, para los más industrializados del Nalón y del Caudal: el tener que vigilar y actuar sobre viviendas que han quedado abandonadas y cuyo estado ruinoso requiere la intervención de la administración local para evitar que puedan suponer un riesgo para la ciudadanía. Por ello, consistorios como el de Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio o Aller se ven en la obligación cada año de habilitar partidas económicas para derribar inmuebles actuando de forma subsidiaria cuando es imposible localizar a sus propietarios, por tanto, no siempre es fácil para estos ayuntamientos recuperar los más de 300.000 euros que cada año destinan a actuar sobre edificaciones en estado de ruina.
Así, las comarcas mineras están «pagando» en la actualidad el haber sido hace unas décadas territorios generadores de empleo, no solo para las familias autóctonas, sino también para todas aquellas familias que llegaban de otras comunidades autónomas en busca de una oportunidad. Aquel crecimiento poblacional conllevó un «boom» de construcciones en los municipios con pozos mineros e industria, con lo que las zonas más urbanas crecieron y las laderas de las montañas del entorno de los lugares de trabajo se llenaron de viviendas unifamiliares. Pero la crisis de esos sectores y la fallida reindustrialización han provocado que sean ahora los jóvenes de las cuencas los que se vayan, arrastrando en ocasiones a sus progenitores, y dejando la pirámide poblacional de las cuencas invertida. Eso, y que las personas mayores que se quedan no siempre pueden permanecer en sus casas, conlleva a que miles de aquellas viviendas que se levantaron en tiempos emergentes se hayan quedado abandonadas y hoy en día estén en estado ruinoso. Es ahí cuando surge el problema para los ayuntamientos, que se ven en la obligación de actuar.
El Consistorio de Langreo es uno de los que más dinero destina para afrontar derribos de viviendas en mal estado que suponen un riesgo. Según ha explicado el alcalde, Jesús Sánchez, todos los años se habilita una partida cercana a los 150.000 euros para ello, ya que el mismo admite que «la pérdida de población deriva en unos problemas urbanísticos graves, en las zonas urbanas y, sobre todo, en los pueblos». Tal es así, que este ayuntamiento estudia la creación de un departamento que dependería del área de medioambiente para agilizar los expedientes que se abren cuando esas viviendas generan problemas de seguridad. «Son expedientes largos y tediosos cuando los herederos no se hacen cargo o, en muchos casos, no quieren o no son conocedores de la herencia», comenta el regidor, que concreta que cada año se derriba una treintena de edificios en el concejo y que no siempre se puede pasar ese coste a la propiedad. Es por ello, que Jesús Sánchez plantea al Principado que habría que buscar fórmulas para hacer frente a esta situación y ver de qué modo se podría hacer un apunte en el registro catastral para que cuando los propietarios aparezcan cubran el coste del derribo «y que no les salga gratis la actuación».
En el caso de Mieres, el Ayuntamiento viene destinando cada año alrededor de 100.000 euros para actuar en viviendas que ya tienen un expediente de declaración de ruina. Según apuntan fuentes municipales, en los últimos años, a raíz de la crisis de la construcción, también se ha tenido que destinar dinero a la retirada de grúas instaladas en parcelas en las que se iban a levantar nuevos edificios y que con la quiebra de las empresas constructoras quedaron abandonadas suponiendo un riesgo con el paso del tiempo un riesgo para la ciudadanía. No obstante, en el municipio mierense son muchas las zonas que tienen un amplio número de casas abandonadas. Hace apenas un mes era la Asociación para la Mejora del Valle de Turón la que alertaba del estado ruinoso de numerosas viviendas y solicitaba la intervención del ayuntamiento para evitar que pudiera generar una desgracia.
En 18 inmuebles ha tenido que actuar en los últimos seis años el Ayuntamiento de Aller, que también ha puesto en marcha un plan contra las ruinas al que cada año destina unos 60.000 euros, aunque el alcalde, David Moreno, apostilla que el presupuesto es ampliable si surgiese un expediente que pudiera generar peligro público. El mismo manifiesta que esos expedientes se tramitan para poder pasar el coste del derribo a la propiedad del inmueble a través de la agencia tributaria y que, por tanto, lo suyo es que el dinero retorne a las arcas municipales. Sin embargo, reconoce que no siempre es posible localizar a los dueños pero que el Ayuntamiento tiene que actuar igualmente con el permiso judicial puesto que es el responsable último de la seguridad ciudadana cuando alertan las quejas vecinales o emite informes la Policía Local.
San Martín del Rey Aurelio ha incluido el derribo de edificios dentro del Plan Integral de Limpieza que ponía en marcha hace unos meses. En estos momentos, el ayuntamiento cuenta con una quincena de expedientes para demolición de edificios incoados, de los cuales seis se corresponden con fincas en ruina ubicadas en Blimea, L’Almuriu, Los Rebollos y Sotrondio; cuatro se encuentran en fase de tramitación para identificar a sus propietarios; dos tienen orden de demolición para que los titulares actúen este año; y otros tres, en el barrio de La Capilla, se encuentran en fase de negociación con los propietarios para acometer a corto plazo su derribo.
Desde este consistorio se recuerda que una de las mayores dificultades con las que se encuentra la administración local a la hora de tramitar el derribo de los inmuebles es la localización de los propietarios, ya que en muchos casos se trata de edificios abandonados que con el paso del tiempo se han ido deteriorando y cuya pista a sus titulares se ha perdido. Cuando la localización se hace imposible o cuando los propietarios se oponen al requerimiento municipal, interviene el ayuntamiento de oficio, máxime si existe riesgo de las condiciones de seguridad, y posteriormente se reclaman el coste de la demolición para este último caso.