La juez tiene en cuenta los argumentos de Anticorrupción y considera que la mutualidad actuó «de forma opuesta a lo esperado». La Asociación de Mutualistas considera a Pulgar «el enemigo» y pide su dimisión
16 oct 2017 . Actualizado a las 19:36 h.El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana ha perdido por el momento su condición de acusación particular en el «caso Hulla». La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, Begoña Fernández, ha hecho suyos los planteamientos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción en la solicitud que le remitió a finales del pasado mes de septiembre y el pasado viernes dictaba un auto en el que revocaba a la entidad dicha condición que le había concedido a principios del mes de julio. Así, el Montepío, que podrá recurrir esta decisión, queda únicamente como responsable civil subsidiario por el desvío de los fondos públicos, presuntamente, de los fondos mineros concedidos por el Instituto del Carbón a partir de 2009 para la construcción de la macro residencia para mayores de Felechosa, desvío por el cual están siendo investigados el exsecretario General del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa; a su más directo colaborador, el exsecretario de Acción Sindical del SOMA-UGT y expresidente del Montepío de la Minería Asturiana, José Antonio Postigo, así como a los familiares más directos de ambos y otras personas.
Para apartar al Montepío de la Minería del proceso como acusación particular, la juez ha tenido en cuenta la petición de la Fiscalía Anticorrupción que con fecha 29 de septiembre presentaba una serie de alegaciones con el objetivo de que la instructora del caso recondujera «la relación jurídico-procesal» con la mutualidad «ante la ostentosa incompatibilidad de intereses» que entendía tiene la entidad. Es más, la Fiscalía señalaba en el informe presentado al Juzgado que «existen evidentes indicios de su presunta implicación en los hechos investigados» y teniendo en cuenta varias circunstancias sobre el proceder de la entidad en el «caso Hulla» considera que el Montepío «no es por consiguiente una víctima más».
En este último auto la jueza instructora, Begoña Fernández, señala que comparte los razonamientos esgrimidos por la Fiscalía en cuanto a la actuación «de forma opuesta a lo esperado» por parte del Montepío «llegando a defender los intereses de la parte investigada, hasta el extremo de apuntar a la prescripción de los delitos investigados que afectaría a su condición de acusación particular». Según continúa el auto, «dicha postura procesal, es claramente opuesta al actuar propio de una parte acusadora» y aunque entiende que los argumentos de la mutualidad pudieran responder «a una acción de descargo de posibles responsabilidades civiles», la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo apostilla que «lo cierto es que al día de la fecha, ha sido absoluta la inactividad de dicha parte litigante en esclarecimiento del presunto desvío de fondos pertenecientes al Montepío». Otra cuestión que tiene en cuenta la juez es que el Montepío haya persistido en la reclamación al Ministerio de Industria del dinero que resta de la subvención para la construcción de la residencia de Felechosa «pese a ser conocedor del proceso que nos ocupa, y hallarse personado en la causa como acusación».
La instructora del «caso Hulla» también se hace eco del argumento de la Fiscalía, que citaba en su recurso los pronunciamientos dictados en la causa conocida como el caso de los papeles de Bárcenas tanto por el Juzgado Central de Instrucción número 5 como por la Audiencia Nacional, por los que se revocaba al PP la condición de Acusación popular «al estimarse que sus actuaciones procesales en tal causa fueron todas ellas tendentes al sobreseimiento del encausado, el Sr. Bárcenas Gutiérrez». Esas resoluciones resultan para la juez Begoña Fernández «de plena aplicación al caso» porque indica que «la buena fe procesal y prohibición del abuso del derecho y fraude procesal, ha de presidir la conducta de todas las partes acusadoras» y, añade, «más aún en el caso que nos ocupa, donde ya se objetivaba en la causa los intereses contrapuestos de la parte afectada».
Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo decide «revocar al Montepío la condición de acusación particular que le vino otorgada en la causa en Auto de 05/07/2017, reconduciendo su posición procesal en el procedimiento exclusivamente a la de responsable civil subsidiario o partícipe a título lucrativo en los términos solicitados por la Fiscalía». No obstante, la misma establece como modo de impugnación del acuerdo la interposición de recursos de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres o el recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
La Asociación de Mutualistas considera a Pulgar «el enemigo del Montepío» y pide su dimisión
La decisión de la juez instructora del «caso Hulla» de revocar la condición de acusación particular al Montepío de la Minería no ha sido valorada por el momento por la dirección de la entidad. Desde donde sí han reaccionado al auto ha sido desde la Asociación de Mutualistas, colectivo que considera que el presidente, Juan José Pulgar, está siendo «el enemigo del Montepío», por lo que pide su dimisión y la de toda la dirección. Según manifiesta el representante de la Asociación de Mutualistas, Alberto Rubio, la dirección va «traspiés tras traspiés» y le están haciendo daño a la entidad «tanto con sus decisiones en el Montepío como las que toman en el caso Hulla» porque, en su opinión, «no tienen ni idea de donde están».
Rubio considera, por tanto, que la gestión que la actual dirección ha venido realizando «está poniendo en serio peligro la propia existencia de la mutualidad», y más después de conocer que la instructora del «caso Hulla» les retira la condición de acusación particular. «Estos días, el Sr. Pulgar dijo que esta revocación podría significar la quiebra del Montepío. Lo que no dijo fue, que él mismo seria quien propiciaría esa revocación con sus acciones y omisiones», señalan desde la Asociación de Mutualistas, que explica que «la revocación trata de evitar la presencia de una acusación personada que de forma encubierta ostente intereses contrarios a los de alguna de las defensas en beneficio de otras».
En vista de esto, Alberto Rubio señala que todas las decisiones de Juan José Pulgar meten al Montepío «en un callejón sin salida» y le critica por dejar a la entidad «sin opciones», ante lo cual le pide que dimita generando «la posibilidad de salvarlo y regenerarlo desde dentro». «Es necesario abrir un proceso democrático, que es lo que necesita el Montepío», indica el representante de la Asociación de Mutualistas, que advierte que con su proceder el Montepío está generando «poca credibilidad» entre los mutualistas.