La reclamación del IBI del Huerna, en punto muerto

Una ley franquista permite a la empresa concesionaria de la principal vía de comunicación entre Asturias y la meseta eludir el pago del 95% del IBI pese a que el precio del peaje se ha incrementado en casi un 180% desde su apertura en 1976

Autopista del Huerna
Autopista del Huerna

Redacción

El anuncio del Ministerio de Fomento de que el precio del peaje de la Autopista del Huerna (AP-66) subirá a partir del próximo mes de enero superando los 13 euros ha hecho recordar la bonificación del 95% del IBI del que se benefician las autopistas de peaje, entre ellas la principal vía de comunicación de Asturias con la meseta. El caso es que después de años reivindicando el pago del IBI del Huerna, de pleitos judiciales, de reuniones entre los ayuntamientos afectados y de intentos de negociación con el Estado, la reclamación del impuesto está en punto muerto, un punto en el que se quedó hace más o menos tres años cuando el desánimo, tras un resultado desigual en los tribunales, minó a los seis municipios a los que el Tribunal Superior denegó el cobro de la indemnización cuando otros cuatro concejos sí lograron cobrarla por un olvido del Abogado del Estado de recurrir la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inicialmente dio la razón a los diez ayuntamientos demandantes, el de Lena y a otros nueve de León.

Aunque tras el varapalo judicial los seis ayuntamientos que salieron perjudicados del proceso se plantearon hacer frente común y elevar la reclamación al Tribunal Europeo de Luxemburgo, a día de hoy parece ser que «no hay nada activo», según ha trasladado Ramón Argüelles, actualmente coordinador general de IU de Asturias, quien durante su etapa como alcalde de Lena impulsó la reclamación. Una de las razones de que ésta no haya ido a más ha sido el elevado coste que podría suponer para las administraciones acudir a Europa y más en estos años de atrás, cuando se han visto más afectados por la crisis.

Lo que ha quedado claro es que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha creado jurisprudencia y, por tanto, aquí en España se ha cerrado la puerta a futuras reclamaciones pese a que en su día se generaron agravios comparativos cuando a Onzonilla, Santovenia de la Valdocina, Sena de Luna y Cimanes del Tejar se les pagó la indemnización por un cuatrienio. Mientras, los otros seis ayuntamientos (Lena, Valverde de la Virgen, Rioseco de Tapia, Carrocera, Soto y Amio y Barrios de Luna) realizaron una estimación en su día que indicaba que dejaban de ingresar cerca de seis millones de euros anuales por este concepto.

En el caso del Ayuntamiento lenense se reclamaba al Gobierno central una cantidad cercana a los ocho millones de euros en concepto de atrasos de los periodos 2001-2004 y 2005-2009 por la bonificación del 95% en el IBI concedida a las autopistas de peaje, una bonificación que los municipios afectados por la misma consideran obsoleta puesto que es proviene de una ley de 1972 sobre la explotación de autopistas en régimen de concesión sustenta el privilegio de estas empresas, ya que en un principio se vio necesario incentivar la construcción de autopistas con exenciones fiscales. Esta norma preconstitucional se perpetuó en la década de los ochenta con el cambio de legislación. Por tanto, este hecho quizás tenía sentido hace 40 años, pero no ahora, cuando buena parte de las concesiones tienen negocios consolidados e importantes beneficios.

Una de las razones que lleva a pensar que ese beneficio ha sustraído muchos millones de euros a las arcas públicas viene derivada del incremento del precio del peaje desde que la autopista se abriera a la circulación en 1976. Entonces los vehículos ligeros pagaban por transitar por ella 785 pesetas, lo que serían 4,71 de los actuales euros. Si la previsión es que a partir del 1 de enero superará los 13 euros, el incremento del precio ha sido del entorno del 180% en estos 40 años.

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