La mutualidad afirma que con esta decisión judicial «abandona su estado de indefensión», lo que ahora le permitirá «perseguir a los corruptos y a las personas que se han enriquecido a costa del patrimonio»
16 feb 2018 . Actualizado a las 11:24 h.El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, que instruye la «Operación Hulla», en la que se investiga el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico de Felechosa, ha aceptado la doble condición del Montepío de la Minería de acusación particular y responsable civil subsidiario.
Según ha informado la mutualidad, el Juzgado ha dictado un auto en el que acepta el recurso de reforma presentado por el Montepío contra la retirada de su condición de acusación particular. El Montepío ha destacado que, con esta decisión judicial, «abandona su estado de indefensión», lo que ahora le permitirá «perseguir a los corruptos y a las personas que se han enriquecido a costa del patrimonio» de la mutualidad, propietaria del geriátrico. Además, seguirá defendiendo que «no se le haga responsable subsidiario de una responsabilidad totalmente ajena, desde el firme compromiso de cumplir escrupulosamente con la legalidad y con la defensa de los intereses colectivos de sus diez mil mutualistas».
En la «Operación Hulla» están siendo investigados, entre otros, el expresidente del Montepío José Antonio Postigo y el exsecretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa por los posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, falsedad de documento oficial y mercantil, tráfico de influencias, apropiación indebida, contra la hacienda pública, malversación, cohecho y prevaricación. Según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el Montepío simuló contar con los requisitos necesarios para obtener la subvención pública de 31 millones con la que construyó la residencia.
En la construcción del geriátrico se centran las sospechas del cobro de mordidas por parte de los investigados, entre ellos Fernández Villa y Postigo, que figuran entre los dieciséis investigados por el juzgado número 3 de Oviedo. Anticorrupción inició esta investigación después de que Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.