Un millar de trabajadores de Hunosa viven la incertidumbre de la cuenta atrás de la minería

Por delante quedan tan sólo 10 meses para tratar de revertir la directiva europea que obliga al cierre de las explotaciones no competitivas antes del 31 de diciembre, una decisión que deja en la cuerda floja a 300 empleados de subcontratas

El Pozo San Antonio en Moreda de Aller
El Pozo San Antonio en Moreda de Aller

Redacción

Incertidumbre. Es la palabra que resume la situación actual de la minería del carbón cuando ya se ha iniciado la cuenta atrás para este sector, sometido a la decisión 787 de la Unión Europea, y el sentimiento que ya late en las cuencas sabedoras de que los diez meses que quedan de margen hasta ese 31 de diciembre, fecha de cierre de toda la minería no competitiva, son escasos para negociar la continuidad. Por supuesto, la incertidumbre mayor por esa cuenta atrás la viven el millar de trabajadores que aún tiene Hunosa para los que no cabrá la posibilidad de prejubilación por no llegar a la edad estipulada ni con el coeficiente reductor y también para los 300 que aproximadamente están vinculados a la empresa estatal minera a través de contratas. Así, fuentes sindicales consideran que este 2018 será «un año terriblemente complicado» cuando el objetivo es «revertir esa decisión» europea y dar una nueva oportunidad al carbón para, además, contar con una fuente energética que de autonomía al país.

Ese suspense hace que, por tanto, sea imposible concretar cual será la dimensión de la empresa Hunosa a 1 de enero de 2019, porque su volumen de trabajadores y de producción dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo en estos meses. «Variará mucho de si quedan los tres pozos abiertos, si quedan dos, uno o ninguno. Incluso de si siguen las prejubilaciones como están, las quitan o bajan la edad», apuntan representantes de los sindicatos, quienes esperan que se logre una alternativa y «se pueda mantener un poco de minería».

La principal preocupación, además de que se mantenga el carbón como reserva estratégica, son los puestos de trabajo que se perderían en Hunosa y en las contratas que tiene la empresa estatal minera si se lleva a efecto la Decisión 787 de la Unión Europea. En la actualidad Hunosa tiene en plantilla 1.098 personas, pero habría que sumar las 300 personas que están subcontratadas realizando labores de seguridad, limpieza o mantenimiento, entre otros trabajos. Es más, para los empleados de algunas de esas contratas la incertidumbre es un mayor porque el contrato de su empresa con el ente estatal concluye a finales del próximo mes de mayo y habrán de esperar si se da una prórroga de ese contrato, al menos, hasta finales de año.

De los 1.098 trabajadores de Hunosa, 340 están en el área de Sueros, en Mieres; 287 en el pozo Aller; 170 en el pozo Carrio, en Laviana; 114 en las oficinas centrales, en Oviedo; 70 realizando trabajos de mantenimientos y recuperación de material en el pozo María Luisa; 40 en la Térmica de La Pereda; 35 en el Lavadero de El Batán y el resto estarían en actividades de la empresa de postminería, nuevos desarrollos, en la Brigada de Salvamento Minero o en el departamento de formación.

«En las condiciones de ahora, si no cambiara nada, Hunosa se quedaría en el horizonte de los 1.000 trabajadores a fecha 1 de enero de 2019», indican fuentes sindicales, que pese a la firmeza del mandato europeo confían «en salvar alguna unidad extractiva». «Vamos a pelear porque queden pozos abiertos para garantizar el futuro de la plantilla y del sector minero», señala un representante sindical, que expresa su preocupación por el millar de personas que se quedarían sin trabajo (entre 600 y 700 de Hunosa y 300 de contratas) si se cumple el cierre de la minería. «¿Qué hacemos con la gente?», se pregunta consciente de que este 2018 es «un año terriblemente complicado».

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