El gaitero asturiano, junto con otros directivos, ha comparecido en nombre de 500 músicos y artistas para rechazar las enmiedan presentadas a la Ley de Propiedad Intelectual
28 sep 2018 . Actualizado a las 19:26 h.El músico Jose Ángel Hevia, miembro de la junta directiva de la SGAE, se ha referido al apercibimiento que el Ministerio de Cultura y Deporte ha enviado este jueves 27 de septiembre a la entidad instándole a cumplir la legislación en el plazo de tres meses alegando que «como parte del colectivo les preocupa mucho el futuro de la casa». Así lo ha hecho saber en una comparecencia, junto a Juan José Carmona, Teo Cardalda y Hueco, organizada este viernes, 28 de septiembre, en la sede de la SGAE, para, en nombre de 500 músicos y artistas, rechazar las enmiendas que los cuatro grupos parlamentarios quieren introducir a la Ley de Propiedad Intelectual.
«Estamos muy preocupados, pero tampoco podemos responder en nombre de la entidad, tendría que hacerlo el presidente», ha matizado. Como miembro de la junta directiva, tiene «constancia de que la SGAE siempre ha tomado medidas en contacto con el ministerio» y ha puesto de ejemplo «el caso de la convocatoria de unas elecciones». «Incluso antes de la reforma estatutaria, que es obligatoria y con un plazo marcado, se han tomado medidas precisamente a instancias del ministerio. Yo supongo que se están dando los pasos y me consta que es así», ha expresado.
Asimismo, ha hecho referencia al «caso rueda» asegurando que ellos, como artistas son los primeros interesados en que se aclare que «su sector laboral no tiene ser condenado por que alguien haya realizado malas prácticas. Somos los primeros que queremos que se persiga». En este sentido, ha destacado que tanto ellos como muchos de los compañeros que estén en el caso rueda están realizando una actividad laboral «a todas luces legal» y son los primeros que quieren que «las irregularidades se subsanen».
El Ministerio de Cultura y Deporte ha enviado un apercibimiento a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en el que le insta a cumplir la legislación y le concede un plazo de tres meses para ello, según han indicado fuentes del departamento que dirige José Guirao. Cultura ya ha remitido a la sociedad de gestión de derechos de autor varios requerimientos instándole a ajustar sus reglas de funcionamiento a la legislación aplicable, entre ellas la no adaptación de los estatutos, que debería haber remitido al ministerio antes del 15 julio, las normas de reparto que deben aprobarse en asamblea general o el voto electrónico.
El incumplimiento de la legislación aplicable y las numerosas quejas recibidas por parte de los socios de la SGAE han llevado a Cultura ha enviar un apercibimiento con un plazo de tres meses para que cumpla con la ley. No obstante, desde el Ministerio señalan que esperan que en este plazo el tema quede resuelto.
En una entrevista, Guirao dejó abierta la posibilidad de intervenir la SGAE antes de sus elecciones el próximo 26 de octubre ante no respuesta de la sociedad de autores a estos requerimientos. «Una intervención antes de las elecciones o después no lo sé, pero lo que sí es cierto es que la voluntad del Gobierno es que si la SGAE no cumple con los requerimientos, el Ministerio tomará todas las medidas legales que estén en su mano para que los cumpla. Si eso pasa por la intervención, pues intervención, pero ojalá se pueda ahorrar», ha indicado.
La SGAE celebrará elecciones a la Presidencia el próximo 26 de octubre, un adelanto electoral aprobado en una sesión extraordinaria de este órgano el pasado 10 de julio convocada por el presidente de la entidad, José Miguel Fernández Sastrón, cuyo mandato duraba hasta 2019. El adelanto electoral venía motivado por el bloqueo a la reforma de sus estatutos, exigida desde Bruselas por la necesidad de adaptarse a la nueva directiva europea sobre el control de las entidades de gestión de los derechos de autor.
Esto llevó a que un total de 17 miembros de la actual junta directiva de la SGAE presentaran una demanda ante un juzgado para pedir la impugnación de la junta extraordinaria en la que se convocaron elecciones, al entender que hubo actuaciones que «contaminaron» la decisión.