El Principado actualiza un anteproyecto en el que concede especial importancia a los recursos electrónicos y a las colecciones digitales.
11 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Ni siquiera existía internet. El decreto que regula el funcionamiento de las bibliotecas en el Principado de Asturias data del año 1986. Así que la actual legislación ha quedado claramente obsoleta, sin poder hincarle el diente a una parte importante de la cultural actual. Con el objetivo de llevar las bibliotecas al siglo XXI, la Consejería de Educación ha elaborado un anteproyecto de ley del sistema bibliotecario que ahora intentará aprobar. Comienza a hablar de recursos electrónicos, define las bibliotecas digitales, actualiza los mapas y los servicios. Incluso define qué servicios básicos son gratuitos y cuáles pueden ser susceptibles de pagar. Concede especial importante a la accesibilidad y dedica una parte importante de los usuarios a las personas con discapacidad.
La administración explica en su exposición de motivos que las bibliotecas son elementos estratégicos, que protegen la libertad de expresión y el acceso a la información y que fomenta el acceso democrático a a tecnología y a la cultura. Reconoce, además, que Asturias es una pionera. «El Principado heredó uno de los movimientos bibliotecarios más notables que se conocen en España, nacidos a finales del siglo XIX y desarrollado durante el XX», argumenta la propia consejería. Pero ahora se ha quedado atrás.
La normativa
El anteproyecto define el término biblioteca y esa definición ya recoge que los recursos electrónicos, además de los libros, los manuscritos o las películas. Detalla qué son las bibliotecas públicas, especializadas, universitarias, escolares y también incluye, por primera vez, la digital. Cuenta que son «colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a disposición del público. Pueden contener materiales digitalizados, tales como copias de libros u otro material documental procedente de bibliotecas, archivos y museos, e incorporar información producida directamente en formato electrónico».
La consejería tendrá que aprobar y mantener actualizado un mapa del sistema bibliotecario, realizar un estudio de necesidades y planificar las mejoras, supervisar la reglamentación técnica de los servicios, fomentar el incremento de los fondos bibliográficos. Entre las funciones del Sistema Bibliotecario del Principado estará extender los servicios a todos los ámbitos de la región, garantizar la cooperación y también fomentar la difusión del patrimonio. La Ramón Pérez de Ayala, situada en El Fontán (Oviedo), seguirá siendo el corazón de esta estructura. Además, todos aquellos municipios con más de 5.000 habitantes deberán prestar el servicio de biblioteca pública. Tendrá que haber servicios bibliotecarios fijos en los núcleos de población de más de 3.000 habitantes y redes urbanas de bibliotecas en los núcleos de más de 30.000. El Principado se pone a disposición de los ayuntamientos para conseguir este objetivo, sobre todo, en concejos de escasa población.
El anteproyecto recoger una serie de servicios bibliotecarios básicos, de carácter gratuito, y otros complementarios en los que se podrá exigir el pago del coste. Los servicios básicos abarcan desde el acceso y la consulta en sala, al préstamos individual o colectivo, la petición de información y la orientación o el acceso a la información digital a través de internet. En cambio, si podrá tener cierto cortes, la reproducción total o partical de libros o documentos -dentro de los términos legales previstos o el préstamo interbibliotecario.
El articulado se centra en los derechos de los usuarios con discapacidad. Recuerda que las administraciones tiene que promover «el acceso a la lectura, al libro y a las bibliotecas y velar por un uso normalizado y sin discriminaciones de este tipo de servicios, bienes y productos culturales».
Otro apartado importante, por su adaptación a las nuevas tecnologías es el que describe las bibliotecas digitales, que tendrán que crearse bajo el paraguas del Sistema Bibliotecario del Principado. Muestra la necesidad de contar con la autorización expresa de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y añade que esos fondos documentales o bibliográficos tendrán un acceso preferente en la biblioteca virtual de Asturias, gestionada desde El Fontán.
Como elementos de carácter práctico, la consejería considera imprescindible elaborar un único catálogo colectivo de acceso público con toda la información bibliográfica. Al mismo tiempo, cree que todos los centros que formen parte de la red deberían lucir un distintivo común que permita su rápida identificación institucional.
Todo esto necesita dinero. La ley suma todos los recursos que podrían sumarse. El primero de todo es el dinero procedente de los presupuestos de la propia Administración autonómica. Pero también recoge las aportaciones de los ayuntamientos y del Estado. Regula, al mismo tiempo, las aportaciones que pueden hacer los propios usuarios.