Insisten en que está en juego el título de Patrimonio de la Humanidad que ostenta el monumento de más de 2.000 años de antigüedad
19 ene 2020 . Actualizado a las 17:23 h.Los numerosos conciertos que se vienen celebrando en el Teatro Romano de Mérida en los últimos años han generado cierta preocupación y malestar entre los técnicos de Consorcio de la Ciudad Monumental. Los expertos creen que se abusa de un uso que debería ser excepcional, como corresponde a un «marco excepcional», y que a raíz del Festival Stone se ha desmadrado. «En las primeras ediciones sí que se programaba solo alguno de los conciertos, pero cada año va a más, hasta el punto de que en la próxima edición, salvo el de Sting, todos serán en ese recinto», señalan a Efe fuentes del Consorcio.
Los expertos tienen la sensación de que para las administraciones públicas la protección del patrimonio «es algo secundario», pese a la preocupación, y destacan que la programación excesiva de conciertos en este recinto no solo provoca daños durante las labores de montaje y desmontaje, sino los derivados de los elevados decibelios que generan los equipos de sonido. «A nadie le importa, pero no se debe olvidar que es patrimonio de la humanidad, y que igual que te conceden el título te lo pueden quitar», aseguran.
En este sentido, explican que hay estudios, por ejemplo el llevado a cabo por la Escuela de Arquitectura de Sevilla, sobre los efectos que pueden ocasionar los sonidos en monumentos de este tipo. «Los agudos atraviesan la piedra, pero los graves chocan y causan daños, que terminarán por aparecer», señalan. Aseguran que nunca se han opuesto al uso del teatro para otras actividades, pero creen que debe hacerse con mesura, ya que no deja de ser un monumento de más de 2.000 años, «que con la antigüedad que tiene y por mucho que se restaure está delicado y no se puede hacer un abuso como el que se está haciendo». «No nos damos cuenta de que se está sobreexplotando la gallina de los huevos de oro», indican estas fuentes, que también llaman la atención sobre el coste que tiene la reparación de esos desperfectos pese a la labor «casi policial» que desde el consorcio se lleva a cabo.