Imputan al «barón» cántabro por la desaparición de 210.000 euros

Paulo Alonso Lois
PAULO ALONSO REDACCIÓN / LA VOZ

DEPORTES

Pedro Puente Hoyos

Seis presidentes de territoriales están ya investigados por Pedraz, el último, recién nombrado por Larrea, mientras el CSD demora su actuación

01 nov 2017 . Actualizado a las 09:51 h.

Durante dos años y dos meses 210.000 euros de dinero público para la construcción de campos de fútbol en Torrelavega estuvieron desaparecidos. Así se sabe desde hace tiempo. La forma de cómo se evitaron toda clase de explicaciones con maniobras dilatorias la recoge la investigación del caso Soule, por el presunto desvío de decenas de millones de euros. Parte de esa documentación, a la que tuvo acceso La Voz de Galicia, lleva ahora al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a imputar al presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez. Engrosa así la larga lista de directivos investigados en la Soule.

Pero la caída de Peláez no es una más. Fue uno de los más estrechos colaboradores de Ángel María Villar, y también uno de los que en los últimos meses lo abandonaron. El dirigente de la territorial cántabra lo intentó incluso convencer para que dimitiera. Sin éxito. Como todos. Pero Peláez, además, está en todas las salsas. Figuraba como uno de los posibles aliados del presidente de la AFE, Luis Rubiales, para consumar su traición a Villar y asaltar el poder a través de una moción de censura. Y desde el miércoles pasado cambió de bando, tras la jugada del presidente interino, Juan Luis Larrea, de ofrecer a los fieles a Rubiales los mismos puestos para ganarse su apoyo. Por eso a su condición de asambleísta, presidente de la Cántabra y directivo une ahora su puesto como presidente de la Comisión de Tercera de la RFEF.

Su imputación cuestiona los nombramientos de Larrea, que ya nombró vicepresidente al histórico villarista Marcelino Maté, investigado por el caso de supuestas ayudas irregulares al Marino y el Recre. Además, mantiene en su directiva, pese a que un día presentaron su dimisión y al día siguiente la retiraron, a otros cinco investigados en la Soule, los asambleístas y presidentes de territoriales Vicente Muñoz (Valencia), Jacinto Alonso (La Rioja), Diego Martínez (Melilla), Antonio García Gaona (Ceuta) y José Miguel Monje (Murcia). A principios de octubre, el CSD recibió un informe de la Abogacía del Estado sobre la oportunidad de pedir al TAD que expedientase a esos cinco dirigentes, como paso previo a su suspensión. Así había hecho ya en julio el CSD con Villar. Pero su comisión directiva aplazó la decisión, al entender que el escrito de la Abogacía del Estado no era concluyente. ¿Qué hizo José Ramón Lete? Pedir otro dictamen. Y ahí sigue la decisión dormida, mientras los cinco investigados conservan sus cuotas de poder.