El alto tribunal da la razón a un grupo de socios del club y considera que un artículo del texto supone una «vulneración ilegítima del derecho de asociación»
16 mar 2018 . Actualizado a las 07:11 h.Florentino Pérez ha recibido un varapalo del Tribunal Supremo por la reforma de los estatutos del Real Madrid, que un amplio grupo de socios vio desde el principio abusiva y contraria al derecho de participación en la entidad. La Sala de lo Civil del alto tribunal anula uno de los artículos modificados por Florentino, ya que otorga a la junta electoral «la posibilidad de que fije cualesquiera requisitos y condiciones que limiten injustificadamente el derecho de los socios de acceder a los cargos directivos».
El Supremo declara en concreto la nulidad del acuerdo por el que se modificó el artículo 40.d) de los estatutos del club. Lo hace porque «otorga a la junta electoral algunas facultades que pueden considerarse como concreción de los requisitos exigidos en los estatutos para poder acceder a un órgano de gobierno y representación del club». Se refiere al «caso de la facultad de exigir la información adicional necesaria para garantizar que en ningún caso el aval haya sido concedido sobre patrimonio ajeno al de las personas que componen la candidatura».
En la sentencia, el Supremo es claro. «En este caso, el equilibrio entre la facultad de autoorganización de la asociación y el derecho de asociación del socio, en su faceta de acceso a los cargos asociativos, se ha roto en perjuicio de este último derecho, al infringirse la reserva estatutaria prevista en el artículo 21.a) de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, por lo que se ha producido una vulneración ilegítima de tal derecho», recogen los magistrados del alto tribunal.
El Supremo falla tras el recurso de casación presentando por un grupo de 15 socios contra la sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid y el juzgado de primera instancia.
El aval exigido por Florentino para aspirar a la presidencia del Madrid ya fue motivo de una oleada de críticas cuando se aprobó. Exigía, entre otros asuntos, una garantía de pago equivalente al 15% del presupuesto, que este año asciende a 690 millones. Hoy, un aspirante debería presentar un aval de 103,5 millones. Un requisito que, en la práctica, limita a un reducido número de personas la oportunidad de optar al cargo.