El juez llama a declarar a ambos, así como a otros de sus colaboradores por supuestos abonos con fondos de la Federación
25 feb 2019 . Actualizado a las 18:46 h.Año y medio después de su detención y posterior puesta en libertad, con medidas cautelares, el juez Santiago Pedraz volverá a llamar a Ángel María Villar, para que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) amplíe lo aportado el 21 de julio del 2017 y aclare nuevos hechos descubiertos, en el marco de la investigación de la operación Soule. Villar y otras diez personas pasarán por la Audiencia Nacional a partir del próximo 26 de febrero, para rendir cuentas y aportar luz sobre el presunto saqueo sistemático de la RFEF.
Uno de esos hechos es el supuesto pago que Villar pudo haber realizado a su secretaria ya jubilada, ahora también imputada. Dora de Pedro Muñoz (hermana de Ángel de Pedro, exdirectivo de la RFEF) habría percibido más de 80.000 euros en el 2006 y el 2009, en concepto de una jubilación que no se habría producido dado que ella siguió cobrando de forma directa 70.000 euros anuales de media, entre los años 2010 y 2016, según los datos recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Según apuntan algunas fuentes a Europa Press, Pedraz cuestionará a Villar por asuntos concretos como este, sujetos a delito, todos ellos con el nexo común de permitir o autorizar pagos a cuenta de la RFEF por servicios inexistentes o que no se correspondían con la realidad, «al menos desde 1999». Acciones constitutivas de delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
De ahí que también hayan sido llamados a declarar personas como Adolfo Gil de la Serna (exvicepresidnete y extesorero de la RFEF), Julio Pérez Tomé (exasesor de Villar) o Alejandro Martínez (hijo del presidente de la federación melillense, Diego Martínez).
Pedraz también sospecha que Gil de la Serna habría percibido 283.246 euros entre los años 1999 y 2018; y Pérez Tomé, al menos 200.000 euros entre el 2009 y el 2019, en ambos casos sin prestar aparentemente servicios para ello. En cuanto al hijo de Diego Martínez, el juez investiga si ha sido beneficiado con más de 100.000 euros por una aparente contratación de servicios a través de la Mutualidad de Futbolistas.
La petición de Peláez
Además, el juez ha citado a declarar como testigos a exresponsables del CSD de aquella época, como el expresidente Miguel Cardenal, Lucía Muñoz-Repiso, Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre; así como Fernando Corral, exdirectivo de la federación cántabra de fútbol. Todos ellos lo harán a petición de José Ángel Peláez. El presidente de la federación cántabra pretende que estos aclaren lo sucedido con la subvención de 210.000 euros concedida a su FCF por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el 2014 para la construcción de unos campos en Torrelavega, y que finalmente tuvo que ser devuelta por una supuesta irregularidad en la tramitación de la misma.