Fatal precedente contra el dopaje

La falta de desarrollo del reglamento español permite al tribunal rechazar una prueba mundialmente avalada


la voz

La decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de anular la sanción de cuatro años por dopaje al ciclista Ibai Salas sitúa a España en el disparadero, deja en paños menores su reglamentación y entre interrogantes lo que pueda suceder a partir de ahora con nuevos casos pendientes de recurso mientras no se desarrolle el marco legal. A Salas lo sancionó el pasado 3 de octubre la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte al considerar probadas las irregularidades en su pasaporte biológico. Era su primer castigo tomándolo como prueba. Tras presentar recurso, el TAD ha resuelto declarar nula esa sanción. El pasaporte biológico -avalado por todas las instancias internacionales- recopila los parámetros normales de un deportista a través de varias analíticas de sangre y orina, y establece de forma matemática el intervalo máximo que podrían alcanzar los distintos valores. Cualquier indicador anómalo permite detectar el consumo de sustancias y un posible dopaje. Su nivel de precisión, científicamente probado, es del 99,99 % y hasta tres expertos independientes, que no se conocen entre sí, deben avalar la irregularidad para que sea sancionable. 

¿En qué se basa el TAD para revocar la sanción?

«No es que el caso de dopaje no sea consistente, que sí que lo es, aquí lo que hay es una interpretación jurídica de la norma, una cuestión procedimental, que además hace mucho daño», analiza Pedro Manonelles, presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte. «La última modificación del reglamento había tardado dos años y la inestabilidad política hizo que se actuara por vía rápida. No sé si una frase permite la doble interpretación, pero las consecuencias son malas», añade.

El real decreto legislativo de marzo del 2017, con el que se trató de ajustar la ley antidopaje del 2013 para adaptarla a las exigencias internacionales, reconoce el pasaporte biológico como método de prueba pero la propia ley, en su artículo 39, advierte sobre el requerimiento de desarrollar un reglamento que no llegó a hacerse. «La tramitación de los procedimientos en el caso de resultados adversos por pasaporte biológico se realizará [...] con las especialidades definidas reglamentariamente, que deberán respetar las normas internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje», relata el texto legal. «Se requiere un reglamento que especifique qué requisitos ha de tener ese pasaporte legal para ser considerado una prueba de cargo suficiente», desgrana el abogado Rafael Alonso. Es decir, el TAD podría haber interpretado que, en ausencia de reglamento propio, las normas internacionales son las que obligan -y la sanción era irrevocable- o, como ha hecho, acogerse a que la ley española requiere un reglamento.

«Se trata de una prueba que desvirtúa la presunción de inocencia del deportista. La interpretación de estas normas suele ser muy restrictiva, así que la decisión del TAD es comprensible. El derecho sancionador no funciona por analogía», alega Alonso.

¿Qué escenario se abre a partir de ahora?

La situación se complica porque el TAD tiene sobre la mesa otros cinco expedientes de sanción por pasaporte biológico irregular recurridos, similares al de Ibai Salas. Si resuelve de la misma manera, abriría una brecha mayor con el TAS -su equivalente a nivel internacional - que ha ratificado el 100 % de las sanciones por dopaje derivadas del pasaporte biológico. «La decisión puede recurrirse ante el contencioso administrativo, por vía judicial», mantiene Rafael Alonso. «Lo que hay que hacer es desarrollar el reglamento y una ley antidopaje fuerte de una vez y cumplirla», añade Jordan Santos-Concejero, doctor en Fisiología, que asesoró a la Agencia Española antidopaje.

¿Cómo afecta la decisión a la imagen de España?

En noviembre del 2015, la Agencia Mundial Antidopaje sancionó a España por incumplir la normativa internacional y vetó al laboratorio antidopaje de Madrid. La sombra de un nuevo castigo vuelve a sobrevolar a nuestro país. «Hay amenaza de sanción», reconoce Manonelles. Por ello, la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, aprovechó un viaje a Uruguay para reunirse con Oliver Niggli, director general de la AMA. «La credibilidad de España desde la Operación Puerto está en entredicho. Se resolvió uno de los casos de dopaje más graves a nivel mundial cuando ya había prescrito y prácticamente sin culpables. Por no hablar de presidentes del Gobierno defendiendo públicamente a Alberto Contador», recuerda Santos-Concejero. «Estoy convencido de que España no tapa positivos, el problema es otro», añade Manonelles.

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