Piden anular las cargas sobre el campo de Miño para poder venderlo

La administración concursal de Martinsa-Fadesa solicita al juez que elimine las hipotecas del concello para poder subastar el complejo de golf y otras fincas


La administración concursal de Martinsa-Fadesa acaba de dar un paso clave para vender el campo de golf de Miño. En un escrito presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña pide «el levantamiento y cancelación de las cargas hipotecarias» constituidas por la promotora en el año 2008 en favor del ayuntamiento, tanto sobre la finca que alberga el recorrido de 18 hoyos como sobre otras cuatro (una comercial, otra hotelera, una para una gasolinera y otra de viviendas). Se trata de un trámite que permitiría subastar el único complejo de estas características al norte de la ciudad de A Coruña, y que lleva dos años en proceso de deterioro, con una gestión interina que ha suscitado las quejas de numerosos socios por el precario estado de greenes, calles y tees. El escrito fue admitido a trámite y la Diputación de A Coruña, en representación del Concello de Miño, se encuentra en plazo para presentar alegaciones. El alcalde, Ricardo Sánchez, adelantó ayer que defenderá «hasta el final los intereses de los vecinos» sin renunciar a ningún derecho sobre el campo.

Sobre las cinco propiedades citadas se prolonga una larga disputa judicial. En virtud de una discrepancia sobre las expropiaciones realizadas para construir el complejo, se establecieron unas hipotecas para garantizar esos posibles pagos. Pero la administración concursal de Martinsa-Fadesa matiza ahora que, como no hay créditos privilegiados reconocidos que afecten a esas fincas, se pueden vender.

Fadesa firmó un primer contrato con el Concello de Miño en el 2002 dentro de un ambicioso plan urbanístico que transformó una zona contigua a la autopista. Pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el 2006 y el Supremo en el 2010 anularon aquel acuerdo inicial sobre las expropiaciones. En el espacio de tiempo transcurrido entre ambas resoluciones, la empresa entró en concurso, y el juez autorizó unas nuevas hipotecas.

Nuevo contrato en el 2011

Tal como reconoce el escrito ahora presentado ante el Mercantil, con posterioridad a la sentencia firme del Supremo, la administración concursal de Martinsa-Fadesa y el Concello firmaron en el 2011 un nuevo acuerdo para el desarrollo urbanístico de parte del complejo de Miño. En virtud de ese contrato, la empresa se comprometía a cubrir la diferencia de justiprecio reconocida a los expropiados. La cantidad que reclamaba el Concello, desde entonces, fue subiendo a medida que se prolongaba la disputa judicial sobre el asunto. Hasque que el ayuntamiento comunicó un crédito contra la masa de Martinsa-Fadesa de 19,9 millones de euros. Pero la administración concursal consiguió que este fuese calificado como crédito ordinario, tal como ratificó la Audiencia Provincial en mayo del 2016.

El escrito admitido a trámite el pasado 15 de abril en el Mercantil destaca cómo ese crédito ha ido disminuyendo a medida que el Ayuntamiento fue pagando justiprecios a los expropiados. Y así queda reflejado también en la actualización de la lista de acreedores de Martinsa-Fadesa, «que nunca fue impugnada», y cuyo plazo para hacerlo ya expiró, según recoge la administración concursal.

Cuatro «evidencias»

La petición para la venta del campo y el resto de propiedades sin cargas se apoya en cuatro «evidencias»: el contrato del 2002 para constituir las hipotecas del 2008 fue considerado nulo por el Supremo en el 2010; el contrato del 2011 no tiene en cuenta las garantías anteriores; el impago por este último acuerdo se cifró en 19,9 millones, pero está considerado un crédito concursal ordinario en la fase de liquidación y su importe ha ido bajando a medida que el Concello va pagando a los expropiados; y el ayuntamiento no tiene reconocido ahora ningún crédito privilegiado especial que afecte a las cinco fincas citadas.

Un contrato declarado nulo

«La única conclusión (...) es que las mencionadas cargas deben ser alzadas y canceladas registralmente, para que las indicadas fincas puedan ser transmitidas libres de cargas (...), toda vez que fueron constituidas para asegurar las obligaciones de un contrato [el del 2002] que ha sido declarado nulo», remarca el escrito presentado por la administración concursal.

Un cambio para impulsar el futuro del campo

La inestabilidad en la gestión ha marcado el campo de golf de Miño desde su creación en el 2007 como parte del reclamo de la urbanización de viviendas promovida por Fadesa. La empresa Aymerich lo explotó en régimen de concesión hasta el 2012. A continuación lo alquiló Gealbegolf, pero se mostró incapaz de dotarlo de unos estándares de calidad y, sobre todo, de conseguir su viabilidad económica. Por eso después de varios impagos la empresa de Gerardo Mosquera solicitó su liquidación voluntaria en septiembre del 2016. Volvió entonces el campo a manos de Martinsa-Fadesa. Tras unos días con el recinto cerrado, en febrero del 2017 pasó a gestionar su mantenimiento el empresario Manuel Basanta.

Pero el campo ha ido deteriorándose. El gestor actual no tiene por qué seguir al frente del complejo en cuanto salga a la venta, por lo que las inversiones escasean. La situación de provisionalidad que arrastra el campo desde hace más de dos años, y la incertidumbre de un futuro cambio de manos completan el escenario.

El mal estado del recorrido de 18 hoyos provocó la suspensión de un torneo de la federación gallega hace apenas un mes. Entonces, dos jugadores remitieron un escrito de protesta a la organización advirtiendo de las precarias condiciones del campo para albergar la competición. A continuación, los gestores del club atribuyeron los problemas a la rotura de una de las arterias principales de riego, un contratiempo que imposibilitaba el juego en al menos dos calles. Aunque, en realidad, el deterioro era palpable en varias zonas del recorrido, más allá de los habituales destrozos de los topos y el jabalí. 

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