Sánchez y Cuixart podrán acogerse en enero a permisos para salir de prisión

Ana Balseiro
ANA BALSEIRO REDACCIÓN

DEPORTES

Emilio Naranjo | Efe

El tribunal no ha blindado, como pedía la Fiscalía, el cumplimiento de la mitad de las penas, que queda en manos de la Generalitat

14 oct 2019 . Actualizado a las 13:15 h.

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos condenados a nueve años de cárcel por un delito de sedición por la intentona separatista del 1-O, podrían disfrutar en enero de permisos penitenciarios. Y es que en ese momento ya habrán cumplido un cuarto de la pena (dos años y tres meses) impuesta esta mañana por el Tribunal Supremo, ya que entraron en prisión preventiva el 16 de septiembre del 2017.

De hecho, la decisión sobre los beneficios penitenciarios aplicables a los condenados por el procés queda en manos de la Generalitat, dado que el tribunal, en el fallo conocido esta manaña, no ha blindado, como pedía la Fiscalía, el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta como condición para acceder al tercer grado penitenciario. La Sala Segunda considera que esa facultad «no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad de la pena. Estas decisiones tienen su cauce impugnativo ordinario y pueden ser objeto de revisión».

Así, los magistrados sostienen que ese asunto no es de su competencia, sino penitenciario. «Los acusados han sido castigados, además de a las penas privativas de libertad asociadas a los tipos por los que se formula condena, a penas de inhabilitación absoluta que excluyen el sufragio pasivo y la capacidad para asumir responsabilidades como aquellas que estaban siendo ejercidas en el momento de delinquir. En definitiva, la capacidad jurisdiccional para revisar decisiones administrativas en el ámbito penitenciario que se consideren contrarias a derecho, es la mejor garantía de que el cumplimiento de las penas se ajustará, siempre y en todo caso, a un pronóstico individualizado de cumplimiento y progresión. El protagonismo que nuestro sistema jurídico atribuye al Fiscal para reaccionar frente a decisiones contrarias a la legalidad que ha de inspirar la ejecución de penas privativas de libertad, añade una garantía que justifica nuestra respuesta», señalan.