Más de 200 interinos asturianos claman a Bruselas para ser fijos

S.D.M. REDACCIÓN

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miguel souto

Una plataforma nacional denuncia ante la Comisión Europea lo que considera «un fraude de las contrataciones de personal». Cree que la actual oferta pública no respeta sus derechos

27 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de 3.000 interinos españoles, 200 de ellos asturianos, demandarán al Estado español ante la Comisión Europea por el proceso de estabilización de plantillas que las administraciones tienen en marcha. Su argumento es que el plan para reducir la tasa de interinidad, que cumple con el pacto firmado por el ministro Cristobal Montoro y por los sindicatos, atenta contra sus derechos. Creen que se ha cometido «un fraude en las contrataciones». Consideran que durante las últimas décadas no se les ha permitido regularizar su situación y que ahora, con el método de concurso-oposición elegido, se relega su experiencia. Con esta base, llaman a la puerta de Bruselas y exigen que se les reconozca todo el tiepo de servicio como indefinidos no fijos y se les dé la opción de consolidar sus puestos, además de que se les abone toda las indemnizaciones por ceses indebidos de los últimos años, que son los que todavía no han prescrito.

La denuncia se formalizará el próximo 29 de diciembre. La registrará el abogado laboralista Manuel Martos, como presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales y en nombre de los interinos que han conseguido el reconocimiento de indefinidos no fijos en los tribunales, en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Asturias.

Martos explica que las medidas anticrisis del PP bloquearon las oposiciones durante años, con una tasa de reposición cero entre el personal funcionario. Esa política enquistó la interinidad y formó una bolsas de trabajadores públicos sin plaza fija que supera los 600.000 profesionales en toda España. A estos trabajadores no les parece justo tener que participar en ese concurso-oposición sin que se tengan en cuenta los años de servicio. No consideran suficiente que la experiencia pese un 60% frente a la oposición, ya que el examen es la primera parte y tiene carácter eliminatorio. «Esto supone el mayor expediente de regulación de empleo firmado por el Gobierno y los sindicatos. No se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la ocupación de las plazas hasta la convocatoria pública. Esto supondrá un despido colectivo y gratuito, ya que no se reconoce ningún tipo de indemnización por cese», explican.

La Asociación Nacional de Interinos y Laboral está atacando todos los frentes legales. Europa es el último paso. Primero ya acudieron al Tribunal Supremo, ante el que recurrieron el acuerdo de Montoro y sindicatos que ha dado lugar a todo este macro proceso. También recuerdan que no es la primera vez que precisamente Europa se pone de su parte. Sentencias de su tribunal son las que han empujado al Ejecutivo nacional a ponerse manos a la obra y reducir las tasas actuales de interinidad que, en función de las áreas, superan hasta el 40%. 

Esta nueva denuncia señala el incumplimiento de la Directiva 1999/70, que obliga al Estado a dotar de empleo indefinido no fijo a todo el personal más antiguo y a pagar esas indemnizaciones por ceses indebidos. En el caso del Principado, entre los 200 profesionales que respaldan estos pasos están trabajadores de Sanidad, Educación, Justicia y Administración del Principado y General del Estado.