El Gobierno tendrá 5.200 millones más en el 2019 para políticas sociales

Eleva el objetivo de déficit y aplaza un ajuste de 6.000 millones en pleno año electoral

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madrid / la voz

El Consejo de Ministros dio ayer el pistoletazo de salida a la confección de los primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Pedro Sánchez, al aprobar el techo de gasto no financiero para el 2019 y el cuadro macroeconómico, así como la senda de estabilidad para el período 2019-2021, pactada la víspera con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, desgranaron las cifras sobre las que construirán las cuentas del Estado para el próximo año, que serán «expansivas», con el objetivo de que la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos. Así, el techo de gasto, que marca el límite del que dispondrán los ministerios, se elevará un 4,4 %, lo que se traduce en 5.230 millones más que en este ejercicio, hasta los 125.064 millones.

Montero explicó que, para establecerlo, el Ejecutivo ha tenido en cuenta los ingresos adicionales que aporta el ciclo económico y también la recaudación que llegará a través de las subidas fiscales ya anunciadas, que supondrán del orden de 5.000 millones más.

El límite de gasto de los Presupuestos del 2018 -los últimos diseñados por el Gobierno de Rajoy- frisaba los 120.000 millones (119.834 en concreto), y era un 1 % superior al del 2017, lo que se tradujo en las primeras cuentas expansivas después de tres años consecutivos de recortes.

A los 5.230 millones adicionales que el Gobierno dispondrá para diseñar las próximas cuentas públicas se sumarán algo más de 6.000 procedentes de elevar en medio punto el objetivo de déficit pactado con Bruselas para el ejercicio, un año trufado de citas electorales: autonómicas, municipales y europeas. Y es que el Ejecutivo también aprobó ayer la nueva senda de consolidación fiscal hasta el 2021. Como ya hiciera la víspera, tras presidir la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la responsable de Hacienda destacó la importancia de cumplir la estabilidad presupuestaria que reclama la Comisión Europea sin que los ajustes comprometan el crecimiento económico.

De este modo, explicó que la negociación con las autoridades europeas para relajar la senda de déficit y deuda pública obedeció a la evidencia compartida de que, dada la evolución de la ejecución presupuestaria de este año, alcanzar el objetivo de déficit del 2,2 % del PIB sería irrealizable. Se espera cerrar en el 2,7 %.

Por ello, el nuevo calendario de consolidación fija un déficit del 1,8 % del PIB en el 2019 (medio punto más del acordado por el PP), que se traduce en unos 6.000 millones que beneficiarán principalmente a las comunidades y a la Seguridad Social, que tendrán un margen de 2.500 millones respectivamente, mientras que la Administración General del Estado dispondrá de unos 1.200 millones.

En el 2020, el tope de déficit subirá seis décimas, al 1,1 %; y en el 2021, para el que el Gobierno del PP había pronosticado una décima de superávit, el desfase esperado será del 0,4 %, íntegramente de la Seguridad Social

Ralentización del crecimiento

Junto a Montero compareció la responsable de Economía, Nadia Calviño, que explicó la actualización del cuadro macroeconómico sobre el que el Gobierno construirá los Presupuestos. Aunque para este año y el próximo mantienen las previsiones del PP, con crecimientos del 2,7 y del 2,4 % del PIB, para los dos siguientes las rebaja, al pasar del 2,3 al 2,2 % en el 2020 y al 2,1 % un año después.

En el mercado laboral, el Ejecutivo espera que la tasa de paro baje del 11 % en tres años y que en el 2020 se superen los 20 millones de ocupados, tras crearse una media de 400.000 empleos al año.

La pensión de casi medio millón de viudas subirá un 7,7 % a partir del próximo 1 de agosto

La pensión de alrededor de 400.000 viudas subirá a partir del 1 de agosto un 7,7 % después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer un real decreto por el que eleva del 52 al 56 % la base reguladora para el cálculo de la prestación, tal y como recogen los Presupuestos Generales del Estado de este año.

La normativa también refleja un nuevo incremento de otros cuatro puntos, hasta el 60 % de la base reguladora, que se aplicará a partir del 1 de enero del 2019, lo que se traducirá en otra subida del 7,1 % de la pensión de viudedad.

Según explicó la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, este incremento, que beneficiará a 465.000 perceptores de pensiones de viudedad (en su inmensa mayoría mujeres), estaba incluida en la reforma del 2011, que pretendía aplicar un aumento progresivo de una décima anual en la base de cotización, sin que hasta el momento se hiciera nada. 

Subida, pero con condiciones

Sin embargo, la mejora de la viudedad no afectará a todo el colectivo (2,35 millones de personas) sino a quienes perciben las pensiones más bajas (beneficiará a dos de cada diez). Para acceder a la subida, que supondrá un aumento del gasto este año de 301,3 millones y de 1.381,7 millones a partir del 2019, habrá que cumplir una serie de requisitos.

Entre ellos, haber cumplido 65 años, no percibir otra pensión pública -ni española ni extranjera- y no tener ingresos por trabajo o rentas superiores a las que dan derecho a una pensión mínima, es decir, no sobrepasar los 7.347,9 euros anuales.

El Ministerio de Trabajo explica en una nota que quienes cobren una pensión de viudedad complementada a mínimos no percibirán aumento, ya que la mejora aprobada se absorbe parcial o totalmente en el complemento que abona el Estado.

La subida es, además, independiente del incremento adicional de las pensiones que se aplicará con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero y que, con carácter general, supone un aumento del 1,35 % (que se suma al 0,25 % aplicado desde el pasado 1 de enero).

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 3 % (2,75 % adicional que se suma al 0,25 % de enero) en todas las modalidades. Esta mejora fue aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para el 2018.

El veto de las Cortes mantendría la senda de ajuste vigente

La ministra de Hacienda destacó ayer que una vez que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva senda de déficit y deuda para los próximos tres años, comienza su tramitación en las Cortes. Primero el Congreso y después el Senado deberán aprobar la relajación de la consolidación presupuestaria ya que, si las Cámaras la vetan -cabe recordar que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado- no podría aplicarse y el Ejecutivo se vería obligado a mantener los objetivos y plazos de ajuste vigentes.

Después de que el jueves, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades gobernadas por el PP votaran en contra de la flexibilización del déficit -aunque ello les supusiera 2.500 millones extra para gasto social el próximo año-, todo apunta a que los populares tumbarán en el Senado la pretensión del Gobierno de Sánchez. De hecho, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, avanzó ayer que su partido no apoyará ni en el Congreso ni en el Senado un techo de gasto que conlleve subidas de impuestos y aumento del déficit y de la deuda pública.

Montero precisó que el techo de gasto no requiere aprobación de las Cortes -el Gobierno únicamente informa de él- pero sí lo precisa la senda de déficit y deuda. «No hay posibilidad de plan B si el Senado decide no darle el visto bueno. Y es difícil de explicar, porque significaría que España se autoimpone unas exigencias mayores a las de la UE. Y volveríamos automáticamente a la senda anterior», apuntó la ministra, que añadió que confiaba «en la capacidad de diálogo y en la sensatez».

En todo caso, el eventual veto no interferiría en la redacción de los Presupuestos, dijo Montero.

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