El Reino Unido exigirá pasaporte a los comunitarios desde marzo del 2019

Londres pone en marcha un registro para controlar a los migrantes tras el «brexit»

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LONDRES / E. LA VOZ

Downing Street terminó ayer con todos los rumores y posibilidades de que la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos continúe después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, dejando claro que terminará cuando el brexit se haga efectivo en marzo del 2019, contradiciendo así el mensaje que defiende el ministro de Economía, Philip Hammond.

«Sería erróneo especular sobre lo que podrían parecer o sugerir que la libertad de movimiento continuará», dijo el portavoz de la primera ministra, Theresa May, apuntando además a la publicación hecha por la ministra del Interior británica la semana pasada para poner en marcha un sistema de registro de los nacionales de la UE que lleguen a suelo británico después de esa fecha.

Las divisiones dentro del Gabinete son más que palpables por la ciudadanía británica y los negociadores europeos del brexit en Bruselas. Las diferencias se sitúan entre los que dicen que los controles de los ciudadanos europeos llevarán «algún tiempo», postura que lidera Hammond, y otro sector que prefiere una línea más dura con la política migratoria y que no quiere ni oír hablar de que la actual libertad de movimientos continúe. 

Profundas diferencias internas

El portavoz de May intentó acabar ayer con la especulación de los últimos días, diciendo que los planes para poner en marcha un sistema de registro de los inmigrantes que llegan después de marzo del 2019 ya se había establecido la semana pasada. Pero, por el momento, los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la UE tienen derecho a venir a trabajar y vivir en el Reino Unido.

Sabedores de que el tema de la inmigración levanta ampollas entre una parte de la población, los ministros tories aprovechan para defender que el brexit permitirá al Reino Unido controlar quién viene al país y en qué número, pero eso no erradica el debate dentro del Ejecutivo sobre cómo sucederá y cuál será el impacto en la economía británica.

Hammond argumenta la necesidad de un período de transición de hasta tres años después del brexit, en el que muchos de los actuales acuerdos «seguirían siendo muy similares a cómo eran el día antes de que salgamos de la UE» y además advierte de que, tras la ruptura con Bruselas, muchas cosas seguirán igual que ahora. Su principal objetivo no es otro que minimizar las consecuencias para las empresas británicas y los consumidores.

Pero su postura dialogante y abierta se contrapone con la del ministro del brexit, David Davis, y el del titular de Comercio Internacional, Liam Fox, quienes aseguran que, de permitirse que la inmigración no regulada de la UE continúe, sería «una traición» al resultado del referendo del año pasado. 

Desde el Ejecutivo, el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, trató de minimizar el grado de las divisiones, alegando que «estaban absolutamente unidos» para conseguir un brexit gradual y «evitar un acantilado» a medida que avanzan hacia una nueva política de inmigración. Precisamente su cartera es una de las que más se vería afectada si Londres no permite una contratación fácil y segura de personal sanitario europeo. Por el momento, el número de enfermeras que quieren unirse al NHS ya se deja notar a la baja y Hunt se apresuró ayer a defender que los hospitales británicos podrían seguir reclutándolas sin problema alguno después de la ruptura.

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