Una saga con muchas cuentas pendientes

El expresidente, su mujer y sus siete hijos están imputados por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, entre otros

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redacción / la voz

Los miembros del clan Pujol-Ferrusola, el matrimonio y sus siete hijos, no atraviesan buenos momentos. Los nueve están imputados en varias causas en la Audiencia Nacional, por blanqueo de capitales. La investigación principal saltó en el entorno de Jordi Pujol Ferrusola, por sospechas de haber cobrado comisiones como mediador en adjudicaciones públicas. La Fiscalía Anticorrupción considera que es el «conseguidor» y que el clan familiar, incluido Oleguer, quien ayer declaró ante el juez, actuaba como «un grupo organizado».

Jordi Pujol y Marta Ferrusola, los patriarcas

La herencia oculta. Después de 23 años de presidente de la Generalitat, Jordi Pujol confesó en el verano del 2014 que había ocultado durante 34 años una pequeña fortuna en el extranjero que procedía de la herencia de su padre, Florenci, a la sazón un botones de la Banca Marsans que pasó a operador de bolsa y fundó Banca Catalana para acabar acusado de participar en diversos delitos económicos. Pero no mostró el testamento. Fue entonces cuando empezó a derrumbarse el mito del molt honorable, cuyo trato honorífico perdió junto a la medalla de oro de la Generalitat. Fue denunciado en los tribunales por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.

Su esposa fue la primera visionaria de los negocios. Creó en 1979 la sociedad dedicada a la jardinería Hidroplan, que vivió de jugosos contratos con la Generalitat que presidía su marido. Es además propietaria de Kopeland, la tapadera usada para sacar dinero de Andorra en plena investigación. También aparece como beneficiaria en la sociedad Itaca Trust, con sede en las Islas del Canal de la Mancha. Marta Ferrusola está imputada por blanqueo de capitales.

Jordi Pujol Ferrusola

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El gestor en Andorra. El primogénito del clan ha ejercido sin quererlo de despertador de la Justicia para investigar a toda la familia. Y todo por las confesiones de su amante despechada, Victoria Álvarez, quien habló de que llevaron a Andorra en el coche bolsas llenas de billetes. El juez De la Mata indaga la recaudación de comisiones supuestamente ilegales que acumuló por mediar en adjudicaciones. Habría cobrado más de once millones de euros, según el magistrado. Hace un año, le impuso la obligación de acudir un día a la semana al juzgado. La Fiscalía solicitó para él solo la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España. En su declaración dijo que se ocupó de gestionar la fortuna familiar en Andorra. Y que no tenía cuentas en el extranjero. Está imputado por blanqueo y delitos contra la hacienda pública.

Marta

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Adjudicaciones públicas. Como arquitecta recibió al menos siete encargos de la Generalitat, por 120 millones de euros. Sacó 22.000 euros en efectivo antes de regularizar las cuentas que tenía en Andorra. Ocupó una plaza de funcionaria en Sant Vicenç de Montalt sin haber hecho oposición. Declaró que cada hermano se llevó 62 millones de pesetas (unos 370.000 euros) de herencia del abuelo. Iba una vez al año a Andorra a recoger los intereses que le generaba el dinero. Está imputada por delito fiscal y blanqueo de capitales.

Josep

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El último en ser imputado. Ha reconocido que posee dinero en paraísos fiscales y que regularizó unos 2 millones de euros con la amnistía fiscal. Fue fundador y consejero de EuroPraxis Consulting Holding, que ejecutó trabajos de adjudicaciones públicas para la Generalitat. Otra de sus empresas, Tourism and Leisure, se vio involucrada en una investigación de un juzgado de Barcelona en el 2002 por la realización de varios estudios para el Consorcio de Turismo de Cataluña por un valor de 124.109 euros. La sociedad MT Tahat que controla tuvo en el 2015, en plena investigación judicial, cerca de un 35 % de beneficios más que el año anterior. Según la policía, es una empresa clave para el cobro de comisiones y el desvío de capitales. Solo tiene dos empleados. Como administradora única figura ya la tercera generación del clan: su hija Laura Pujol Vila. De Josep dicen que es tan inteligente como pedante. «A los 30 años ya era un tío bastante rico», dijo, y presume de que su primer sueldo fue más alto que el de su padre. Cuando saltó todo el escándalo familiar se refugió en Miami, con el pretexto de acudir a la empresa para la que trabajaba. Está imputado por un delito de blanqueo de capitales.

Pere

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Medioambiente y lavado de dinero. Ingeniero agrónomo, trabajó en una empresa que se benefició de adjudicaciones de la Generalitat. Cobró casi 200.000 euros por tres informes sobre parques eólicos y realizó medio centenar más para dar licencias públicas de dichos parques. Junto a su madre y sus hermanas Marta y Mireia, abrieron cuentas en diciembre del 2010 en el BPA (Banca Privada de Andorra) tras cancelar otras en el Banco Andbank, también en el Principado. En su cuenta del BPA, Pere operó en euros, dólares y yenes japoneses sin hacer ningún reintegro en efectivo, hasta que en julio del 2014 transfirió 701.341 euros al Banco de Madrid. Está imputado por un delito de blanqueo de capitales por haber colaborado supuestamente en las operaciones de lavado de dinero de la familia, dirigida por su hermano Jordi. Prácticamente reconoció ante el juez que el dinero de la familia que había en Andorra era de su padre, no del abuelo.

Oriol

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El caso de las ITV. El exsecretario general de CDC, destinado a suceder a Artur Mas en su momento, está acusado, en el caso de las concesiones de las ITV, del cobro de comisiones a través de su esposa a cambio de utilizar su influencia para favorecer a empresarios amigos. El juez cree que benefició a empresarios en procesos de deslocalización de empresas (Sharp, Yamaha y Sony). A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada. La acusación popular reclama 11 años y ocho meses de cárcel para el exdiputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

Mireia

Piso de protección oficial y millones en Andorra. Esta fisioterapeuta con piso de protección oficial adquirido cuando su padre era presidente, reconoció ante la jueza que la ha imputado por blanqueo y delito fiscal que había regularizado 1.072.000 euros que tenía en Andorra, en los que se multiplicaron los 62 millones de pesetas que le correspondían del legado en 1992. Aseguró que no tocó el fondo durante 30 años. Viajó a Andorra en varias ocasiones para sacar entre 3.000 y 5.000 euros en cada visita.

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