La crisis catalana pone sobre la mesa la necesidad de abordar cambios en el sistema autonómico, aunque los expertos constitucionalistas discrepan sobre su contenido
06 dic 2017 . Actualizado a las 09:29 h.En plena campaña electoral catalana, tras la aplicación por primera vez del artículo 155 de la Constitución, esta cumple 39 años, durante los que solo fue reformada dos veces, por exigencia de la UE. La primera, en 1992, para incluir en el artículo 13 el derecho de los ciudadanos europeos a votar y ser elegidos en las municipales. La segunda, de mayor calado, en el 2011, para consagrar en el artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria. Los constitucionalistas consultados por La Voz coinciden en que hay que abordar cambios en el modelo territorial, pero discrepan sobre su contenido.
¿Ha llegado el momento de acometer cambios?
Los expertos estiman que sí. Roberto Blanco puntualiza que «las reformas constitucionales no se impulsan por el mero prurito de ponerlas al día, sino para resolver problemas que sin la reforma no tendrían arreglo o lo tendrían peor o más difícil». Por tanto, considera que lo que hay que preguntarse es si en España «hay algún problema cuya solución dependa de la reforma constitucional». Añade que tampoco se reforman para «meter en la Constitución a los que no pudieron refrendarla en el momento de su elaboración, que son hoy en el mundo la inmensa mayoría de los ciudadanos que viven bajo regímenes constitucionales», pues «aunque algunos no lo sepan, el caso de España no es la excepción, sino la regla».
¿La reforma es necesaria e incluso imprescindible?
Para Blanco Valdés, solo hay un problema que podría mejorar reformando la Constitución, el que nace de las diferentes disfunciones de la descentralización. Sostiene que, en contra de lo que se suele afirmar, «en España no tenemos un problema territorial, sino dos: el que plantean los nacionalismos y el derivado del mal funcionamiento del Estado autonómico». Advierte que, si se quiere arreglar el llamado «problema nacional» en el sentido que plantean «los nacionalistas y sus aliados, empeoraremos el segundo, sin garantía de que los impulsores del nacionalismo no se revuelvan de nuevo dentro de nada». Xavier Arbós considera que la reforma «no es imprescindible jurídicamente, pero sí desde el punto de vista político». Explica que hay una «crisis de legitimidad» que tiene dos facetas. Por un lado, la pérdida de prestigio de algunas instituciones por la excesiva influencia de los partidos en ellas, como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Y, la segunda, más grave, «tiene que ver con la crisis catalana», que se expresa en que un 47,8 % de los votantes en las últimas elecciones apoyaron la secesión unilateral. Para el catedrático de la Universidad de Barcelona, «hay que tenerlo en cuenta para valorar la conveniencia de hacer reformas que contrapesen esa tendencia, no para convencer a los independentistas irreductibles, sino a aquellos que han llegado a serlo por entender que sus aspiraciones no tendrían acomodo en el marco constitucional». Para Yolanda Gómez, sería conveniente abordar una reforma para «mejorar aspectos sustanciales, técnicos, pero también algunos preceptos, adaptándolos a nuevas necesidades de la sociedad y de su inserción en la UE».
¿Qué habría que modificar prioritariamente?
Arbós considera «urgente» reformar el modelo territorial, «porque se ha generado en Cataluña una tensión sin precedentes». Gómez apunta en el mismo sentido, ya que «los hechos gravísimos acontecidos en Cataluña lo hacen ineludible, aunque la reforma no puede subsanar por sí misma el incumplimiento de la ley». Señala que también «es necesaria una mejor definición del Estado social y democrático de derecho, de manera que los avatares económicos no destruyan logros conseguidos a lo largo de décadas», lo que llevaría a «redefinir el catálogo de derechos fundamentales». Considera que derechos como la protección de la salud, de los menores y los grupos vulnerables deberían ser reconducidos a la sección de derechos fundamentales y recibir mayores garantías. Torres del Moral estima prioritarias la reforma de la organización territorial y la de «derechos sociales a los que la ciudadanía es muy sensible, como a la sanidad, el medio ambiente y la Seguridad Social». Dice que también «fue urgente establecer la igualdad sucesoria entre hombre y mujer cuando el entonces heredero contrajo matrimonio, aunque después la naturaleza ha resuelto el problema, pero antes o después volverá a presentarse». Cita asimismo la reforma del Senado.
Tensiones entre el principio de igualdad y la singularidad
Hay diferentes criterios sobre la reforma territorial. Yolanda Gómez mantiene que, si se opta por un Estado federal, «habría que definir muy bien los mecanismos de relación y control entre el Estado central y los territorios, además de regular mucho más concretamente las competencias de uno y otros». En su opinión, esa reforma debería completarse con «un sistema de financiación claro y justo para los territorios, que no discrimine a los ciudadanos por razón de vecindad y que responda a criterios objetivos». Arbós señala que debería descartarse un modelo uniformador, porque «no en todos los territorios hay demandas iguales sobre el autogobierno». Defiende que se debería establecer un «régimen específico» que reconozca la singularidad de Cataluña mediante una nueva disposición adicional. Argumenta que ya se hace con las de otros territorios en la Constitución y es compatible con el principio de igualdad.
Blanco Valdés resalta que el sistema autonómico necesita ajustes. Pero «no deberían ir en el sentido que apuntan los amigos o abducidos de los nacionalistas, pues estos están hoy en la defensa de la secesión o la confederación, sino en el contrario». Por lo tanto, «España no necesita más descentralización, sino más coordinación, más cooperación, más cohesión y más presencia del Estado a los efectos de asegurar la libertad e igualdad de todos». Para el catedrático de Santiago, «esos son los cambios que España necesita afrontar urgentemente, una vez comprobado que algunas apuestas descentralizadoras han dado mal resultado y están planteando graves quiebras en el funcionamiento de un Estado moderno y una Administración eficiente».
Torres del Moral dice que «la reforma territorial debe incluir la del Senado, e igualar las autonomías todo lo que se pueda, que no es todo», pues «también hay que atender las diferencias, que hasta hace poco se llamaban hechos diferenciales: los fueros donde los haya, las lenguas o las diferencias geográficas (comunidades litorales, archipiélagos, ultraperiferia)». El Senado «debe ser parecido al Bundesrat alemán o una combinación de este con el Senado de EE.UU., no muchos senadores y mayor presencia y protagonismo de las autonomías».
Las modificaciones difícilmente lograrían el consenso que se alcanzó en 1978
Blanco Valdés advierte que «no hay ninguna reforma que pueda garantizar de antemano que, tras ella, la Constitución será más incluyente que excluyente, aun contando con la mejor voluntad de quienes la impulsen». Por eso, «a la hora de reformar son necesarias tres condiciones: claridad sobre los objetivos, acuerdo sobre los contenidos y prudencia en los procedimientos». Considera que, dado el actual mapa político, «no será posible hacer ya una reforma con el mismo grado de consenso que en 1978». Sostiene que ni los nacionalistas catalanes, que la apoyaron, ni el PNV, que entonces ya se abstuvo, ni probablemente Podemos votarían una reforma pactada por PP, PSOE y Ciudadanos. Por lo que «es muy difícil imaginar una reforma importante, que afecte a aspectos clave del orden constitucional que vaya más allá del apoyo de esos tres partidos».
Reformas parciales
Para Yolanda Gómez, el consenso para las reformas debería ser «lo más amplio posible, pero hay que renunciar a la unanimidad», ya que no ve posible un acuerdo «basado en renuncias a los propios postulados como las que se consiguió en 1978». Ahora no se trata de hacer una Constitución para pasar de un dictadura a una democracia, lo que unió a las fuerzas políticas, pero estima que la reforma es necesaria, porque «existen riesgos para la democracia». Torres del Moral señala que debe haber «el máximo consenso posible, pero es claro que no va a ser el mismo que presidió el proceso constituyente, lo que no debe impedir la reforma porque significaría que un sector de la población puede erigirse en árbitro». En estas condiciones, no se debe «emprender una revisión total de la Constitución, sino reformas parciales, ni tampoco hay que hacer muchas, porque el país no puede estar en permanente reforma». «Hay que hacer varios bloques, teniendo en cuenta que algún grupo político va a exigir referendo en cada caso y no es cuestión de celebrar varios en un par de años», concluye. Arbós señala que debe haber un consenso de las fuerzas parlamentarias, al que también deberían ser invitados los independentistas, pero también tendría que contarse con la opinión de las comunidades sobre el modelo territorial.