Puigdemont sigue sin aclarar si volverá de Bruselas para optar a la investidura

Insiste en venderse como único candidato «legítimo» a la presidencia catalana

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madrid / la voz

El papel desempeñado por Puigdemont desde su refugio en Bruselas haciéndose pasar como presidente catalán empieza a desesperar hasta a los independentistas. Al menos a los de ERC, que pierden los nervios cada vez que el candidato de Junts per Catalunya se presenta como el único aspirante legítimo a liderar la Generalitat; algo que no comparten los republicanos, que quieren imponer al encarcelado Junqueras.

Lo cierto es que cada vez que se le presenta la oportunidad, el expresidente, que se niega a aclarar si volverá para ser investido, se sigue dirigiendo a los catalanes como si todavía continuase en el cargo. Este sábado realizó «el tradicional mensaje institucional de fin de año». Como prueba de que cada vez son más los que admiten que el rey está desnudo, lo hizo sin las cámaras de la televisión pública catalana, hasta la fecha una de las grandes armas para la difusión del mensaje independentista. Por supuesto, esto no impidió que Puigdemont se dirigiese a los suyos, aunque tuvo que conformarse con hacerlo a través de sus cuentas personales en las redes sociales y desde la habitación de un hotel belga a más de 1.300 kilómetros de la plaza Sant Jaume. «¿A qué espera el presidente Rajoy a aceptar los resultados? ¿De qué ha servido tanta represión?», se cuestionó el líder fugado, que invitó a Rajoy a negociar con «el Govern legítimo» tras unos resultados con los que cree que el pueblo catalán «se ha ganado el derecho a hacerse a sí mismo como república». Puigdemont habla como si las papeletas del 21D fueran a eximirlo de los más de 30 años de cárcel a los que se enfrenta, aunque en realidad es consciente de que en el instante en el que pise suelo español será detenido, por lo que insiste en ser investido en la distancia.

En esa disputa que mantienen Junts per Catalunya y ERC, Elsa Artadi, una de sus más estrechas colaboradoras, volvió a rechazar este sábado cualquier escenario que no pase por investir a Puigdemont. «Presidente ya tenemos. El resultado de las elecciones es muy claro», destacó en una entrevista. Sin embargo, las dos principales fuerzas independentistas están obligadas a entenderse para renovar la presidencia en la Mesa del parlamento catalán. Como quedó de manifiesto en la pasada legislatura, este órgano es clave en la tramitación de iniciativas y en la ordenación de debates parlamentarios, dos aspectos capitales para intentar revestir de legalidad las maniobras más antidemocráticas. Con Forcadell casi descartada para renovar, el 17 de enero está marcado por todos en rojo al tratarse de la fecha en la que se celebrará la sesión constituyente.

Arrimadas peleará por la Mesa

Arrimadas repitió este sábado desde Jerez, en donde se encuentra pasando unos días con su familia, que peleará hasta el final para que alguien de Ciudadanos presida la Mesa, reivindicando «lo que por votos y escaños le corresponde». Lo tendrá realmente difícil. Respecto al empeño de Puigdemont para ser investido, lamentó que se crea que podrá ser presidente por «Whatsapp o por Skype».

Mientras, Rajoy, que este sábado viajó a Vigo para inaugurar la ampliación de Rande no pudo escoger un mejor escenario para insistir en que ofrecerá diálogo al futuro Ejecutivo, siempre y cuando cumpla con la legalidad. Tender «puentes que unen y no separan», dijo en clave catalana.

«¿Y ahora qué decimos en Europa?»

P. de las heras
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El respaldo de Macron calmó el temor en las filas del PP tras las elecciones

«Tenemos un problema, ahora hay que explicarlo en Bruselas...» La frase es de uno de los dirigentes del PP que la noche del pasado 21 de diciembre siguieron el escrutinio de las elecciones catalanas desde la séptima planta de la sede nacional el partido en la calle Génova de Madrid. La preocupación por cómo se pudiera entender en la UE que la gran crisis de Estado que azota a España vaya a seguir amenazando su estabilidad, después de la drástica intervención de Cataluña, se apoderó del partido del Gobierno.

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Dejan Cataluña los últimos agentes que reforzaron su seguridad desde el referendo del 1-O

Los últimos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en Cataluña con motivo de la operación Copérnico abandonaron este sábado sus alojamientos tras permanecer alrededor de cuatro meses en la comunidad tras su llegada para velar por la seguridad durante la celebración del referendo ilegal celebrado el pasado 1 de octubre, culminando así la retirada gradual de este contingente, que llegó a cifrarse extraoficialmente en casi 20.000 efectivos.

Fuentes del puerto de Barcelona confirmaron a Efe que dos de los cruceros en los que se han alojado buena parte de estos agentes durante su estancia en la capital catalana zarparán entre hoy y el martes, mientras que el tercero, el más popular de todos por su llamativo dibujo de Piolín, ya abandonó el puerto catalán hace 15 días.

Las situación de los agentes desplazados a lo largo de estos cuatro meses ha generado diversas protestas por parte de los sindicatos de la Policía Nacional, que denunciaron estar trabajando en «condiciones de habitabilidad indignas», unas acusaciones rechazadas por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Polémica en hoteles

También suscitó polémica la actuación de algunos hoteles en las localidades de Calella y Pineda de Mar en los que se alojaban varios efectivos policiales y que tras la presión ejercida por alcaldes, concejales y plataformas independentistas con la excusa de la actuación de las fuerzas de seguridad durante el referendo, instaron a los agentes a abandonar sus instalaciones. Coincidiendo con la resaca del 1-O, cientos de secesionistas se congregaron ante los establecimientos para pedir exigir la marcha de los antidisturbios de Cataluña, concentraciones secundadas frente a los cuarteles de la Guardia Civil de Travesía de Gràcia, en Barcelona, en el de la localidad barcelonesa de Manresa, en el de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) o en el de la comisaría de la Policía en Reus (Tarragona).

A raíz de estos hechos, los cinco sindicatos de la Policía solicitaron a Interior que adoptara «medidas urgentes y efectivas» para garantizar la seguridad de los agentes ante los «ataques, acoso, persecución y señalamiento» que estaban viviendo en el territorio catalán. La Fiscalía y algunos juzgados catalanas abrieron diligencias por presuntos delitos de odio contra los agentes desplazados a Cataluña.

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