El Supremo deniega a Junqueras y a Sànchez el permiso para acudir al pleno de investidura

El juez Pablo Llarena advierte a la Generalitat que debe entregarle de inmediato todos los correos que hasta ahora le esconde


madrid / la voz

El juez Pablo Llarena rechaza el recurso presentado por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exlíder de ANC Jordi Sànchez en el que solicitaban permiso para acudir al Parlamento autonómico y participar en el pleno de investidura convocado para las 15.00 horas de este martes, y les recuerda que en su condición de parlamentarios electos pueden solicitar la delegación de su voto en la Cámara autonómica.

Además de impedir la asistencia de estos dos líderes independentistas, el auto del magistrado que instruye la causa del desafío secesionista también supone todo un aviso a navegantes, especialmente para el expresidente Carles Puigdemont, que continúa fugado en Bruselas, pero que podría estar sopesando la posibilidad de regresar a España para intentar renovar su cargo al frente de la Generalitat. El exmandatario autonómico, consciente de que será detenido en el mismo instante en el que sea detectado en territorio español, solicitó ayer amparo al nuevo líder de la Cámara, Roger Torrent, pidiendo garantías para que se «salvaguarden» sus derechos.

Al exconsejero de Interior Joaquim Forn, el otro dirigente que continúa en prisión provisional investigado por delitos de rebelión, sedición y malversación, por los que se enfrenta a 30 años de prisión, también se le ha denegado el permiso, aunque al haber renunciado en los últimos días a su acta de diputado su presencia en el pleno de investidura ya estaba descartada.

En su auto de ayer, Llarena vuelve a esgrimir los mismos argumentos por los que, a diferencia de otros líderes secesionistas, a Junqueras, Forn y Sánchez no les concedió la posibilidad de salir en libertad bajo fianza, es decir, por sus altas probabilidades de reincidencia, motivo por lo que el juez del Supremo califica los permisos solicitados resultan «irreconciliables» con actividades sociales y políticas. El magistrado también insiste en que su decisión no tiene nada que ver con sus ideales independentistas, sino que se basa en la «ejecución de un proceso delictivo».

Explicaciones a la Generalitat

Por otro lado, el juez Llarena también ha requerido al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña que ponga a su disposición de manera «inmediata» todos los mensajes electrónicos que en su día fueron reclamados por la Guardia Civil. Se trata de la segunda ocasión en la que tiene que hacerlo, ya que los investigadores del instituto armado denunciaron ante el Supremo que la Generalitat no ha facilitado todos los datos que se les había solicitado, haciendo caso omiso a otra providencia del pasado 11 de enero en la que se exigía el «acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica» de los exmiembros del Ejecutivo autonómico y otros diputados relacionados con la causa independentista. El juez también pide explicaciones por este acto de desobediencia.

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