El salario mínimo subirá más en un año que lo acumulado en los últimos diez

Gabriel Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

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RAMON LEIRO

El incremento, de 164 euros al mes, deja en papel mojado el pacto de los agentes sociales

12 oct 2018 . Actualizado a las 18:36 h.

Es la medida estrella de las cincuenta páginas del pacto presupuestario firmado ayer. Si todo sale según el guion acordado por el Gobierno y Podemos, el salario mínimo interprofesional subirá el año que viene más de un 22 %, al pasar de los 735,9 euros brutos mensuales (en 14 pagas) de este ejercicio a 900 (unos 5,6 euros por hora tomando como base una jornada de 40). Serían 164 euros más al mes en las nóminas más precarias.

Una cifra que supera el incremento acumulado del salario mínimo interprofesional en los últimos diez años, que no llega a los 136 euros al mes. Hay que remontarse a principios de los ochenta para encontrar subidas del SMI de dos dígitos: entre 1980 y 1983 el sueldo mínimo se elevó un 41 %, aunque ese aumento (inferior al de la inflación en el mismo período) se troceó en tres ejercicios y en ninguno de ellos el incremento fue del calibre del que ahora se plantea.

El acuerdo firmado por el Ejecutivo y Unidos Podemos (que se podría aplicar aunque las cuentas públicas no salgan adelante, ya que el SMI se fija por decreto y no tiene casi impacto presupuestario para la Administración) justifica el estirón argumentando que «puede contribuir significativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general».

Al margen del diálogo social

El acuerdo político deja en papel mojado el acuerdo firmado por el Ejecutivo del PP con los agentes sociales el pasado mes de diciembre, que establecía un incremento progresivo del SMI hasta los 850 euros que debía culminarse en el 2020. Un pacto que, además, se vinculaba al crecimiento económico, ya que la senda de subida solo se mantenía si en cada ejercicio el PIB aumentaba más de un 2,5 % y se creaban 450.000 empleos.

Por eso la decisión del Gobierno ha caído fatal en la patronal, que entiende que la propuesta «cuestiona el diálogo social». La CEOE advirtió ayer en un comunicado que el estirón del salario mínimo «tendrá efectos negativos en la negociación colectiva». Es decir, amenaza con frenar las subidas al resto de los trabajadores que había pactado con los sindicatos.

Ahí está otra de las claves de este movimiento del Gobierno. Al elevar el SMI a 900 euros se desbloquea la subida de los sueldos más bajos en los convenios, que los agentes sociales acordaron elevar a 1.000 euros de aquí al 2020. En las últimas semanas, UGT y CC. OO. habían denunciado que algunas patronales provinciales se negaban a aplicar lo acordado a nivel estatal y advirtieron que, si se mantenía esa postura, reclamarían al Ejecutivo que aplicase la subida por decreto, elevando el SMI (que marca una referencia que no se puede empeorar por convenio). Dicho y hecho.

Este último matiz es el que complica hacer un análisis sobre el impacto de la medida, ya que si la subida del salario mínimo a principios de este año afectó, según el Gobierno, a 533.978 trabajadores por cuenta ajena (el 3,5 % del total), elevar ese listón un 22 % podría aumentar también sensiblemente esa cifra.

El economista Alberto Vaquero, profesor en la Universidade de Vigo, advierte de que la medida podría provocar efectos indeseados, como un descenso en la contratación, subidas de precios o un repunte de la economía sumergida, ya que la mejora salarial no va ligada a un incremento de la productividad. A cambio, las mayores cotizaciones sociales sanearán las maltrechas cuentas de la Seguridad Social sin apenas coste para el Estado (unos 340 millones, según el cálculo oficial).

La cotización de los autónomos se basará en sus ingresos reales

El alza del salario mínimo elevará en 420 euros al año la cuota que pagan el 85 % de los autoempleados

m. s. d.

El acuerdo para sacar adelante los Presupuestos incluye la medida más esperada para los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España (212.000 de ellos, en Galicia). Se trata de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales.

La idea es garantizar que los que tengan menores ingresos paguen una cuota más baja a la Seguridad Social, aunque ello conllevará también menos derechos a la hora de recibir prestaciones.

La decisión está tomada, pero falta saber cómo se articulará. El documento que ATA y UPTA (las dos organizaciones de autónomos mayoritarias) presentaron al Gobierno este pasado verano plantea un sistema de cotización por tramos que beneficia, con una cuota de 50 euros, a los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo, ahora establecido en 735,9 euros. Cuando el listón se sitúe en los 900 euros, falta por saber si ese será también el nuevo límite para los beneficiarios de la tarifa superreducida o si se establecerá otra cantidad de referencia.

La reforma es urgente, desde el punto de vista de las organizaciones de autónomos, porque la subida del SMI prevista en los Presupuestos del 2019 afectará, y mucho, a los autoempleados. Porque los que cotizan por la base mínima, que suponen el 85 % del total, tendrán que pagar 420 euros más al año a la Seguridad Social en el mismo instante en que entre en vigor el sueldo mínimo de 900 euros.

En la práctica, esto supondría que la cuota de cotización ascenderá a 312,9 euros al mes, frente a los 277,9 euros mensuales actuales (tarifa actualizada en julio de este año).

La buena noticia es que esta vez los autónomos societarios se salvan de la subida automática, puesto que tras la aprobación de los últimos presupuestos, quedaron desligados del SMI para su cálculo.

La reforma también pondrá el foco en los falsos autónomos, para intentar acabar con esta controvertida figura antes de que finalice el 2019, estableciendo en la ley la presunción de que se considerará relaciones laborales por cuenta ajena la prestación de servicios en la que los ingresos procedan de un único cliente o empleador.